El TSJM ve «indicios racionales» para procesar al juez Silva por encarcelar a Blesa

El juez Gavilán impone además una fianza de 8.000 euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias a las que podría ser condenado. A partir de ahora, se abre el plazo de diez días para que las partes soliciten la apertura del juicio oral , o bien el sobreseimiento de la causa. En un auto de 15 páginas dictado este lunes, el juez señala que la conducta del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid supuso una «reapertura improcedente» de las diligencias archivadas inicialmente contra el expresidente de Caja de Madrid por la concesión de un crédito de 26,6 millones de euros al entonces presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán.

Esta reapertura se realizó sin existir dato nuevo alguno que lo justificase , según el instructor Gavilán, «seguido sin solución de continuidad por la asunción contraria a las normas de reparto de una ampliación de la denuncia relativa a otros hechos» - la compra del City National Bank de Florida -, «sin conexión alguna con los anteriores». También se cita como irregular el «carácter prospectivo y de investigación general» desplegado por Silva en relación con «hechos atinentes a la situación general del funcionamiento de la entidad bancaria a la que pertenecía el denunciado», relacionándolos con la «crisis global del sistema financiero».

El juez Silva, que se enfrenta a una pena de inhabilitación de hasta 40 años , ha regresado precisamente hoy a su juzgado tras concluir la suspensión de meses que le impuso el Consejo General del Poder Judicial por su conducta en otras causas, aunque deberá seguir absteniéndose de entender el caso contra el expresidente de Caja de Madrid al seguir recusado en el mismo.

El magistrado también ve indicios de delito «la apertura injustificada de diligencias al letrado de la defensa» de Blesa, Carlos Aguilar, y sobre todo, en la medida de prisión contra el banquero «acordada en dos ocasiones en relación causal con las anteriores circunstancias» en base a la exclusiva petición de Manos Limpias, que carecía de legitimación para ello y sin que contara formalmente su personación en la causa. También se recrimina al juez Silva que no tuviera en cuenta la intervención en esos hechos de entidades públicas como el Banco de España «y algo definitivo, como era la no pertenencia ya del denunciado a la entidad que de hecho se estaba investigando» es decir, Bankia como sucesora de Caja Madrid.