Anticorrupción pide al juez Ruz que admita la querella contra el expresidente de Pescanova

Anticorrupción solicita además que se declare competente para investigar las querellas formuladas contra diversos directivos de la empresa gallega. Dos de esas querellas se dirigen contra Manuel Fernández de Sousa, el consejero Alfonso Paz-Andrade, y el socio de la firma BDO Auditores Santiago Sañé Figueres, en tanto que otras dos se dirigen extensamente contra todos los miembros del consejo de administración de las entidades Pescanova SA, BDO Auditores y Sabadell BS Bolsa FI, así como contra la presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La fiscalía también solicita que se declaren en calidad de imputados a los directivos Manuel Fernández de Sousa y Alfonso Paz-Andrade, además de las empresas Inverpesca, Sociedad Gallega de Importación de Carbones, Sociedad Anónima de Desarrollo y Control, Transpesca, Nova Ardara Equities, Golden Limit e Iber-Comercio e Industria, «exclusivamente» en relación con la presunta comisión de un delito del art.285 del Código Penal. En el texto se pide que se investigue a la multinacional Pescanova por «un presunto delito de falseamiento de información económico-financiera», mientras que a los accionistas de la multinacional pesquera José Alberto Barreras y José Antonio Pérez-Nievas se les investigue por un «presunto delito de uso de información relevante».

No es el único revés judicial que han sufrido los gestores de Pescanova. El juez del Juzgado Mercantil número 1 de Pontevedra también ha dictado un auto en el que desestima el recurso de reposición presentado por Pescanova contra la decisión de apartar a Manuel Fernández de Sousa de la dirección del grupo y contra el nombramiento de un único administrador concursal. El magistrado se ratifica en su resolución del pasado 25 de abril y rechaza la pretensión de Pescanova de ser intervenida, en lugar de que se suspendiesen sus facultades patrimoniales.

A este respecto, el juez señala que «no pueden mantenerse las facultades patrimoniales de un deudor cuyo órgano de dirección y representación no es capaz de cumplir con la quizá más esencial de sus funciones, cual es elaborar las cuentas anuales», al tiempo que aprecia que ciertas decisiones «ponen de manifiesto el grado de parálisis social» de la empresa. Asimismo, rechaza el nombramiento de un segundo administrador concursal por dudar de su "real utilidad" y por la posibilidad de que aumente "el riesgo de bloqueo de la acción de la administración concursal en caso de discrepancia".