Tragos a discreción en los palcos; ley seca en la grada

La ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte establece, en su artículo 4.1, la prohibición de introducir, vender y consumir toda clase de bebidas alcohólicas en las instalaciones en las que se celebran competiciones deportivas. La realidad es diferente. «Nos parece intolerable que estos requisitos sólo se impongan de manera estricta a los aficionados y aficionadas de base que sufrimos prohibiciones de acceso, expulsiones de los estadios y sanciones económicas si los contravenimos, mientras que en los palcos y zonas VIP se está infringiendo la ley de forma manifiesta. En muchas ocasiones incluso por los mismos políticos, jueces y altos funcionarios que legislan y deben hacer cumplir las leyes», denuncian a ABC desde la Federación de Accionistas y Socios del Fútbol Español (Fasfe).

No consumir alcohol, según figura en otro artículo (7.2) de esa misma ley, es condición para la permanencia en los estadios. Sin embargo, en palcos y zonas VIP de los campos de fútbol (también en recintos en los que se practican otras modalidades deportivas), disfrutar de una cerveza o de una copa de vino es un lujo al alcance de la mano. O por lo menos, de algunas. «No solo eso, también hay acceso a bebidas de mayor graduación», confirma a este periódico un socio de un club español de Primera división. Para algunos juristas, la clave a esta manga ancha podría buscarse en la consideración que se otorgue a los palcos: no es lo mismo si se catalogan como una estancia del estadio a que se definan como un área anexa, una zona privada.

La controversia está servida en copa de cristal. «Está claro que esa ley prohíbe el consumo de cualquier clase de bebidas alcoholicas en instalaciones deportivas y eso, evidentemente, choca con que se puedan beber en los palcos privados. El debate es si existe un régimen privado en una instalación pública. Para antiviolencia, no. La instalación es única, no hay un régimen de copropiedad de las zonas privadas», aclara a este periódico Alberto Palomar, magistrado en excedencia y unos de los grandes especialistas en derecho deportivo. «La único cierto es que no es un consumo público y eso es lo que habría que valorar, aunque la ley no lo hace», añade.

Cristian Zarroca, otro abogado especialista en derecho deportivo afirma que «no hay discusión alguna de que físicamente los palcos VIP están dentro de la instalación deportiva y, si en ellos se consume alcohol, parece que los aficionados que los ocupan gozan de cierta laxitud a la hora de cumplir la norma». «Al no ser grada estrictamente, podría considerarse que los palcos son una estancia que está sometida a la legislación sobre espectáculos públicos y no a la ley específicamente deportiva», aporta.

Ese consumo se produce en los encuentros continentales y también en los partidos domésticos, aunque no de manera uniforme. Mientras la distribución de bebidas alcohólicas en los bares de los estadios que tienen conexión con la grada está prohibida, en las zonas nobles parece regir una ley paralela. Como vía de negocio y fuente de ingresos, la mayoría de los clubes oferta a empresas y seguidores de alto poder adquisitivo un anillo VIP con palcos y butacas premium en las que uno de los enganches es la posibilidad de disfrutar de un buffet de comida y bebida, sin prohibición de alcohol, en los partidos.

Para Antonio Morales, otro de los abogados deportivos consultados por este periódico, «en los palcos VIP de muchos estadios, no en todos, se ha permitido ese consumo de bebidas alcohólicas como compensación al alto coste de los mismos y bajo la premisa de que sus ocupantes no son potencialmente individuos peligrosos que puedan alterar el espectáculo». En la visita del Feyenoord al Metropolitano, sin embargo, ese axioma quedó más en duda que nunca. «Se podrían haber articulado excepciones a la norma, pero mientras no se haga o se regule de otra forma, mi opinión es que no se debería permitir el consumo de alcohol en las zonas VIP», añade Morales.

«En el articulado del reglamento general de LaLiga se recoge la prohibición de introducir y vender bebidas alcohólicas en los estadios, pero no se hace ninguna indicación expresa al suministro o al consumo», aclara Antonio Gea, también abogado especializado en derecho deportivo. «Los clubes del fútbol profesional y otros de categorías más bajas que disponen de zonas denominadas 'Corporate Hospitality', entienden a su beneficio que esos espacios son realmente recreativos o propios de hostelería, donde la diversa normativa sí permite el consumo de alcohol», añade este jurista murciano.

La polémica y las diferentes interpretaciones vienen de lejos. El gobierno del País Vasco, a través de la Ley de Adicciones, apostó en mayo de 2016 por romper con la distinción entre aficionados, aclarando que la prohibición de consumir bebidas alcohólicas en espacios como estadios de fútbol y frontones afectaba a todos con independencia de la ubicación de su localidad. «Un veto para todos los asistentes desde que se abren las instalaciones hasta que se cierran después de la competición», aclaraba entonces el ejecutivo vasco. Apenas solo tres meses después variaba el discurso y enmendaba su ley autorizando el consumo de alcohol en determinadas zonas de los recintos deportivos hasta 15 minutos antes y a partir de otros 15 después de la competición. Una invitación para poder brindar en los palcos. En otros estadios no existe esa limitación temporal y ese brindis es posible hacerlo durante los partidos.

«Más allá de la intolerable discriminación que supone la imposición de la norma sólo a los aficionados y aficionadas de base, resulta que esa normativa está totalmente superada. La evidencia científica muestra que la venta de bebidas alcohólicas en los estadios no incrementa el número de incidentes violentos en los espectáculos deportivos», argumenta la Federación de Accionistas y Socios del Fútbol Español. Recuerda en este sentido que la venta está permitida en la mayoría de los países de nuestro entorno y la propia UEFA acabó con el veto a la venta de alcohol en sus competiciones que sirvió de antecedente para la prohibición que por ley se introdujo en España en 1990. «Creemos que ya llegó la hora de acabar con una prohibición que es inútil y que, en contra del principio de igualdad ante la ley, las propias autoridades se saltan, recayendo sin embargo todo el peso de la ley en la afición de base», aseguran desde Fasfe.

«Es una incongruencia y además realiza una mala pedagogía», insiste Esteban Ibarra, presidente del Movimiento contra la Intolerancia. «Establece un elitismo para el que no le afecta la norma. Des un punto de vista de la ética democrática resulta inmoral establecer una norma para el aficionado y su quiebra para los 'césares'. Y claro, es discriminatorio», cierra.