La Operación Galgo, al descubierto

Y ello a pesar de que, según revelaron estas mismas fuentes, el número de detenidos por esta causa podría hoy ser mayor si no fuera porque la juez sustituta que ha instruido la causa desde que salió a la luz (hace ahora nueve días) denegó varias entradas y registros a domicilios de atletas que ya han declarado como testigos ante la Guardia Civil. De momento se descarta la posibilidad de reiterar esas solicitudes ante la juez titular, pues lo lógico es que estos testigos se hayan deshecho ya de todo el material que pudiera incriminarles, por lo que una entrada y registro ya no tendría sentido.

Otro de los datos que ha revelado la investigación es el relativo a las cuentas de algunos de los imputados (en estos momentos 13, aunque la lista podría ampliarse). En algunos casos hay entradas y salidas de dinero que no se corresponden con los ingresos de un deportista. «En principio no hay una explicación documental lógica», confiesan las fuentes antes citadas. En este sentido no se descarta que a algunos de los implicados se les pueda imputar un delito de blanqueo de capitales, siempre y cuando haya indicios de que se ha obtenido una ganancia que no se ha declarado o que incluso se han desviado cantidades a paraísos fiscales. Este blanqueo sí es penalmente relevante, a diferencia del dopaje en sí, que si bien puede ser sancionable vía administrativa no tiene relevancia penal.

Sí la tiene, sin embargo, recuerdan fuentes jurídicas, proporcionar, facilitar o suministrar «sustancias o grupos farmacológicos prohibidos, así como métodos no reglamentarios, destinados a aumentar capacidades físicas o a modificar los resultados de las competiciones (...)». La persona que así actúa será castigada con penas de prisión de seis meses a dos años, multa de seis a dieciocho meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio, de dos a cinco años (artículo 361 bis del Código Penal).

Entretanto, y después de haber declarado seis de los imputados, el miércoles y jueves de la próxima semana proseguirán en Plaza de Castilla las declaraciones de los siete que faltan, entre ellos Marta Domínguez, que está previsto que declare presencialmente y no por videoconferencia, salvo que algún informe médico desaconseje su desplazamiento a Madrid (desde Palencia, donde reside) porque corra riesgo su embarazo. Una vez finalizadas las declaraciones de los imputados llegará el turno de los testigos que ya han declarado ante la Guardia Civil y a los que, a diferencia de lo que se ha comentado, «en ningún momento se les han tomado muestra de saliva o sangre», precisan las mismas fuentes.

Además, Domínguez deberá explicar también ante la juez cuál es su vinculación con el doctor Eufemiano Fuentes, uno de los imputados en la Operación Galgo y en su día cerebro de la Operación Puerto.