De la vergüenza española en Sídney a la judoca que ve: la lista negra de las trampas paralímpicas

Según el informe médico, la azerí tiene una visión óptima, lo que originó su exclusión inmediata del circuito paralímpico. De esta forma, pese a que su intención era competir en la cita de Astaná finalmente no pudo hacerlo al no superar la prueba de la Comisión Médica Internacional para judocas con baja visión.

El Comité Paralímpico Nacional de Azerbaiyán emitió un comunicado oficial en defensa de la atleta, en el que apunta a un cambio en el reglamento como origen de su descalificación. «En los Juegos Paralímpicos de Tokio, las competiciones de parajudo se celebraron en las categorías B1, B2 y B3. Sin embargo, en el período previo a los Juegos Paralímpicos de París y durante los propios Juegos, se redujo el número de categorías y se organizaron competiciones en dos nuevas categorías: J1 y J2. Como resultado de estos cambios, muchas enfermedades oculares que anteriormente estaban incluidas en la categoría J2 fueron excluidas de la lista», explica la nota.

«A pesar de que Hajiyeva representó a nuestro país en la categoría J2 hasta 2024, debido a esos cambios está claro que ya no podrá competir en parajudo», reconoce el Comité Paralímpico del país euroasiático.

Esta argumentación no ha disipado la creciente sombra de sospecha que se cierne sobre la honestidad deportiva de Shahana Hajiyeva y sobre la precisión y fiabilidad de los exámenes previos a las competiciones paralímpicas.

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Laura Marta

El de la judoca azerí no es el primer caso. Es el más llamativo de los últimos lustros, pero la madre de todas las trampas deportivas destapadas hasta ahora la protagonizó la selección española de baloncesto de discapacitados intelectuales que había ganado la medalla de oro en los Juegos Paralímpicos de Sídney celebrados en octubre de 2000.

Dos meses más tarde, en diciembre de aquel año, una comisión de investigación creada por el Comité Paralímpico Español consideró «plenamente probado» que diez de los doce jugadores de España «no cumplían los requisitos de elegibilidad y simularon deliberadamente una minusvalía que no concurría en ninguno de ellos».

El fraude lo había destapado un periodista, Carlos Ribagorda, días después de que acabaran los Juegos. Ribagorda era uno de los integrantes de la plantilla y confesó que se había infiltrado en la selección paralímpica sin tener ninguna discapacidad precisamente para demostrar que no se trataba de una práctica fraudulenta nueva. Denunció que España ya había hecho lo mismo en el Mundial de Brasil de 1998 (al que acudió con cuatro miembros sin discapacidad) y en el Eurobasket de 1999 (nueve discapacitados falsos).

Entre los tramposos había varios jugadores de la Liga EBA (actualmente Tercera FEB, cuarto nivel del baloncesto español). Para no levantar sospechas en Sídney, los impostores simulaban tener dificultades a la hora de expresarse, fundamentalmente por escrito. Y compitiendo, procuraban defender mal y fallar tiros cuando el marcador a favor comenzaba a ser escandaloso.

Los primeros rumores sobre tan grosero fraude les pilló aún en Australia, así que desde la Federación Española de Deportes para Discapacitados Intelectuales (FEDDI) les recomendaron dejarse barba y ponerse gorra y gafas de sol para no ser fácilmente reconocibles al aterrizar de vuelta en el aeropuerto de Barajas (Madrid).

La burda treta no coló. Trece años después, 7 de octubre de 2013, la Audiencia Provincial de Madrid condenó a Fernando Martín Vicente, presidente de la FEDDI en 2000, a pagar 5.400 euros de multa. Antes, Martín ya había llegado a un acuerdo para devolver los más de 140.000 euros que el Comité Paralímpico Español, personado como acusación particular, consideraba que había defraudado al no hacer llegar a los deportistas las subvenciones y premios obtenidos por los excelentes resultados de la tramposa selección. El resto de los procesados fueron absueltos tras un pacto con la Fiscalía.

En octubre del año pasado, el Observatorio del Deporte de Ecuador (ODDE), junto a exentrenadores y excolaboradores del Comité Paralímpico Ecuatoriano (CPE), acusaron a este organismo de formar una estructura de corrupción que reclutaba atletas sin discapacidad para competir en deportes paralímpicos.

La denuncia nació a partir de llamadas de decenas de padres de familia y de propios deportistas con discapacidad intelectual, que dijeron estar «cansados» de intentar sin éxito formar parte del Plan de Alto Rendimiento y representar al país en eventos internacionales.

Según un coordinador del ODDE, en 2015 miembros del CPE acudieron al Centro de Alto Rendimiento de Carpuela (en el norte del país) y captaron a varios deportistas que siete meses después ya tenían el carné de discapacidad. La denuncia detallaba que «al menos 6 de los 14» representantes ecuatorianos que acudieron a los Juegos Paralímpicos de París no tenían discapacidad intelectual. El pasado mes de marzo, Andreé Balda, presidente del CPE, desveló que «la investigación no encontró fundamentos para tales aseveraciones. El asunto no pasó a mayores así que ahora continuaremos con el proceso legal que se inició en contra de la persona que levantó esta polémica».