Soteras, contra las cuerdas: en el auto se observan «indicios de criminalidad» en el presunto fraude electoral en la Federación Catalana de Fútbol

El auto valora la posible comisión de un presunto delito continuado de falsedad en documento privado, un presunto delito continuado de falsedad en documento público y un presunto delito de administración desleal en los que indiciariamente habrían participado los investigados: Joan Soteras (presidente de la FCF), Víctor Güell (delegado en Gerona), José Miguel Calle (director general), Sergio Garrido (jefe de administración y asesoría jurídica), Alejandro Guerrero (secretario de la Liga Catalana de fútbol sala), Alberto Prieto (jefe del gabinete de presidencia), Jesús Manchado Villena (jefe de compras), Jesús Manchado Lozano (jefe de recursos humanos) y Álvaro Montoliu (comunicación y asesor personal de Soteras). Y se procedió a la incautación de documentación y de dispositivos electrónicos y teléfonos móviles de los investigados.

En el auto se deja bien claro que «según se desprende de las diligencias policiales, la FCF es una entidad deportiva privada, de utilidad pública e interés cívico y social, sin ánimo de lucro, procediendo una parte de su presupuesto de subvenciones administrativas». Y se añade: «A la vista de cuanto se acaba de exponer, concurren suficientes indicios de criminalidad imputables a los investigados, para practicar la entrada y registro y demás medidas solicitadas».

En el auto se valora la participación de cada uno de los investigados «en los hechos delictivos expuestos» y se apunta que «los indicios existentes sobre cada uno de ellos se desprenden de las numerosas declaraciones de testigos y perjudicados, así como de toda la documental obrante en autos». En síntesis, la actuación de cada uno de ellos habría consistido, al menos, en lo siguiente:

Joan Soteras y Víctor Güell: «Comparecieron en la notaría Simón-Navarro de Sabadell y elevaron a público unos 213 certificados de acuerdos sociales (unos 200 en Sr Soteras y unos 13 en Sr. Güell) en que se apoderaba a Joan Soteras para votar en las elecciones de la FCF, resultando éste finalmente ganador en las mismas».

José Miguel Calle: «Dio las órdenes y coordinó al resto de investigados sobre cómo actuar para tener el control de las votaciones, al margen de la Junta Electoral, y sobre cómo elaborar las actas y acuerdos presuntamente falsificados».

Álvaro Montoliu: «Habría pagado los 30.000 euros a la notaría por dicha gestión, lo cual habría sido repercutido indirectamente con Fuentes de la FCF, perjudicando así el patrimonio de esta entidad privada de utilidad pública sin ánimo de lucro, la cual recibe subvenciones públicas. El único indicio a este respecto es en este momento la declaración testifical del Sr. Camacho, siendo necesarias las medidas interesadas con el fin de confirmarlo o descartarlo».

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Alberto Prieto: «Consta en autos los emails que el Sr. Prieto habría enviado dando instrucciones a los clubes para que envíen un email facultando a Soteras 'a posteriori', siguiendo órdenes de Calle».

Sergio Garrido: «Poseería el expediente electoral físico, y habría participado en la falsificación de firmas».

Alejandro Guerrero: «Habría preparado toda la documentación necesaria para llevarla al TCE, junto con Garrido Amestoy».

Jesús Manchado Villena: «Habría participado en la falsificación de las firmas, junto con Calle, Garrido, Guerrero, Prieto y Manchado Villena, existiendo indicios (declaración de un testigo) de que se llevase a cabo probablemente en el área de fútbol sala de la sede central de la FCF, ya que Calle pidió desconectar las cámaras de vídeo vigilancia».