Tormentas territoriales: los líos y denuncias se suceden en las federaciones autonómicas

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Pedro Cifuentes

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La federación catalana es la única, por el momento, cuyo caso se encuentra judicializado. Acusada de fraude en sus dos últimas elecciones por delitos de falsedad documental y administración desleal, el pasado martes los Mossos d'Esquadra registraron sus dependencias e incautaron sus ordenadores. Además, el nombre de su presidente, Joan Soteras, aparece entre los investigados. Por su parte, José Ángel Peláez, presidente de la cántabra, fue imputado en el caso Soule, una investigación sobre las presuntas irregularidades en la RFEF bajo la presidencia de Villar. En la misma línea, la persona al frente de la federación asturiana, José Ramón Cuetos Lobo, se encuentra imputado, con indicios de abuso de funcionarios, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, prevaricación y cohecho.

En una escala inferior, al menos hasta la fecha, dos procesos electorales han sido intervenidos por sus respectivas autoridades deportivas autonómicas, que forman parte de los gobiernos regionales. En la madrileña, presidida por Paco Díez, se ha retrasado la fecha prevista debido a la admisión de una nueva candidatura inicialmente rechazada, bajo sospechas de un intento de torpedear el proceso. En Castilla-La Mancha, con Pablo Burillo al frente, se han paralizado los comicios después de que la junta electoral no aceptara al candidato opositor al actual presidente, en medio de acusaciones de tratarse de la «enésima decisión arbitraria» por su parte. Mientras que en la Región de Murcia, el rival del actual líder de la federación, José Miguel Monje Carrillo, presentó un recurso con el objetivo de paralizar el proceso, debido a «designaciones fraudulentas» por parte del presidente, entre las que se encuentra su hijo de su asesor jurídico.

Las denuncias en torno a las territoriales no se limitan al proceso electoral en sí, sino que también abarcan las sospechas sobre la forma en la que los presidentes autonómicos se perpetúan en el poder. Jacinto Alonso, cabeza de la federación riojana –aunque no podrá optar a la reelección–, ha sido acusado de invitar a numerosos presidentes de los clubes de fútbol de la región a presenciar en directo el España-Brasil del próximo 26 de marzo, viaje y capea incluidos. Por su parte, Salvador Gomar, presidente en Valencia, fue denunciado por malversación, prevaricación y apropiación indebida, si bien es cierto que la Fiscalía Especial Anticorrupción de Valencia lo archivó.

En medio de esta vorágine de procesos electorales y denuncias, los 19 presidentes de las federaciones autonómicas tienen una importancia mayúscula a la hora de elegir el próximo presidente de la RFEF. La nueva orden ministerial, que regula todos los comicios deportivos, mantiene un miembros permanente de la asamblea del ente federativo para cada territorial –que puede no coincidir con el presidente, aunque es poco probable que ocurra– y limita a un solo candidato su capacidad de avalar. Toda la atención se encuentra sobre la limpieza de los procesos, tanto internos como de la española, pero los indicios no invitan al optimismo sobre la renovación que tanto prometieron.