Caso Jimmy, un error policial y nueve años sin culpables

Para cuando el juzgado se dio cuenta, los cuatro adultos que la Brigada Provincial de Información (BPI) de Madrid de la Policía Nacional había identificado en las imágenes llevaban cinco meses en prisión provisional por asesinato. Del éxito profundo de la investigación -el caso se había resuelto en menos de un mes (tiempo récord, teniendo en cuenta que la pelea concentró a más de 200 personas)- se pasó al fracaso más absoluto. Una frase resonaba en los pasillos del juzgado: «Los de Información la han cagado».

Desde entonces, y a pocos días de que el asesinato de Francisco Javier Romero Taboada, Jimmy para los suyos, cumpla nueve años, su familia sigue sin respuestas. Ninguno de los cinco ultras del Atlético de Madrid que fueron ubicados en la pelea están imputados. Tras el «grave error» de la Policía con la grabación, los cuatro adultos quedaron en libertad de manera inmediata. Por su parte, el menor señalado finalmente resultó absuelto. «El error del vídeo lo condicionó todo», asegura una fuente cercana al caso consultada por ABC, que entiende que a partir de ahí la causa «quedó herida de muerte».

De nada sirvieron los análisis de los teléfonos intervenidos o la aparición de otras imágenes de la reyerta. Tampoco el estudio de reconocimientos aportado por los agentes del Grupo 30 de la BPI, a quienes el juzgado nunca más volvió a dar credibilidad, o las declaraciones de dos testigos protegidos que otros agentes localizaron y cuyas versiones coinciden. El Juzgado de Instrucción número 20 de Madrid, minimizó las pruebas, a su juicio 'fabricadas' en un «turbio montaje policial», y archivó el caso en dos ocasiones, las mismas que la Audiencia Provincial ha ordenado su reapertura. La última, el pasado mes de octubre al entender que los indicios son suficientes como para ir a juicio por homicidio y las lesiones que Santiago A.M. sufrió.

El 30 de noviembre de 2014, a las 12 de la mañana, el Deportivo y el Atlético de Madrid se enfrentaban en el estadio Vicente Calderón en un partido que no fue calificado de alto riesgo aunque había conocimiento de que los Riazor Blues, el colectivo ultra de seguidores del equipo coruñés, al que pertenecía Jimmy, había movilizado autobuses desde la ciudad gallega hasta la capital. No hay verdad judicial pero la sentencia que condenó al menor implicado, después anulada tras recurso de apelación, consideró probado que radicales de ambos equipos se habían citado ese día en las inmediaciones a través de distintas redes sociales y mensajes «con el único fin de agredirse mutuamente».

La hora concertada, «en torno a las 8.00 de la mañana». Las instrucciones, vestir de negro para dificultar la identificacion. El resultado, alrededor de 200 aficionados de ideologías opuestas -los Riazor, de extrema izquierda y el Frente, de extrema derecha-, algunos con defensas extensibles y palos, protegidos con bucales y dispuestos a acabar a golpes con el rival, incluso con los mástiles de las banderas que llevaban. «Armados hasta los dientes», «Atlético o muerte» eran algunas de las consignas. Entonces comenzaron las carreras, los insultos, las bengalas, la humareda, los choques y los heridos, «varios de ellos con incisiones por arma blanca». Mientras, volaban por los aires las mesas y las sillas de los bares de la zona.

Allí, en primera fila, según los testigos, estaba Jimmy. Entonces tenía 41 años. Quien le conoció asegura que formar parte de los Riazor Blues había vuelto a dar sentido a su vida, aquejado por la adicción a las drogas tiempo atrás. La citada sentencia, después revocada, consideró probado que le pegaron en la cabeza con una barra metálica, se desvaneció y ya en el suelo fue golpeado de forma reiterada, con patadas y una defensa extensible en la zona abdominal. De ahí, entre varios, le arrastraron y precipitaron por una de las barandillas del río Manzanares. Es conocida la imagen de los servicios de emergencias tratando de sacarle inconsciente del agua. Hay otra, que pasó desapercibida, del momento de su caída, pero la baja calidad de la imagen apenas permite distinguir un bulto agarrado al poyete.

Se decidió que fuera el Grupo 30 de la BPI de Madrid, especializado en violencia en el deporte y grupos ultra -en vez de Homicidios- el que tomara las riendas de la investigación pues conocían a los posibles autores y la cultura hincha, algo que se entendió imprescindible dado el gran número de personas que participaron en la reyerta. Pero tras confundir a Jimmy con Santiago A.M., «ninguna fiabilidad» le dio el juzgado, por ejemplo, al informe que la Policía presentó identificando a los autores en base a su vestimenta y complexión física tras cruzar los vídeos con otras instantáneas obtenidas de la pelea. Otorgó más peso a las conclusiones aportadas por la Policía Científica, que afirmó que la baja resolución no permitía realizar un estudio fisionómico de los responsables.

El juzgado tampoco consideró «fiable» la versión del primer testigo protegido, un miembro del Frente Atlético que participó en la reyerta y que en julio de 2015 señaló a tres individuos como autores de la muerte de Jimmy. Su testimonio ya había generado dudas a los tres magistrados que anularon la sentencia del Juzgado de Menores porque su primera declaración la prestó en sede policial, lo que impidió que se pudiera valorar judicialmente «su grado de espontaneidad»; no descartaban que su colaboración estuviera motivada por un posible «móvil exculpatorio», pues era uno de los imputados en la pieza que investigaba la riña tumultuaria; y ofreció su testimonio de forma «tardía», casi un año después de la pelea. La entonces instructora lo plasmó en su resolución de archivo.

No obstante, la Audiencia Provincial de Madrid, en su último auto con fecha de 16 de octubre de 2023, discrepó al entender que de ese «análisis crítico no puede extraerse una total descalificación» de su credibilidad. Y más teniendo en cuenta que un segundo testigo protegido corroboró su relato, argumentó. Entre las personas a las que el hincha arrepentido señaló había un ultra que hasta entonces no figuraba en la causa como implicado. Y es el mismo ultra al que también apuntó una mujer que mantuvo una relación sentimental con un radical del Atleti, un amigo de su expareja al que, asegura, escuchó alardear del asesinato: «Yo tiré a Jimmy al río (...) sí, yo lo tiré, yo me lo cargué».

Lo contó el 31 de diciembre de 2017 cuando presentó una denuncia por malos tratos contra su exnovio, lo que de nuevo hizo al juzgado «dudar de su credibilidad» y volver a archivar el caso en contra del criterio de la Fiscalía. Sobre esto la Audiencia Provincial también discrepa: «Tampoco compartimos la valoración de que se trata de una declaración poco fiable y creíble». Descartó, además, que los testigos hubieran sido manejados «por determinados investigadores policiales para incriminar a ciertos sospechosos (...)a cambio de algún beneficio». Y ordenó reabrir el caso ya que los indicios son «bastantes» y «evidentes» como para llevar a juicio a los cinco ultras señalados por el Ministerio Público y las acusaciones.

Durante estos nueve años, cada 30 de noviembre-aniversario del homicidio- los Riazor Blues honran la memoria de Jimmy con mensajes, flores y 'bengaleos'. También celebran conciertos en su nombre. «El caso de la vergüenza», lo llaman en su página web. Pero lo cierto es que ninguno de sus testimonios -de los hinchas del Deportivo presentes en la pelea-, han servido para esclarecer quién pegó a Jimmy hasta la muerte. Ninguno vio nada, dicen. Sí insinúan que es el Atlético de Madrid, que nunca rompió con el Frente, la 'mano negra' que mueve los hilos del caso. Por la reyerta, 75 ultras de ambos equipos fueron condenados a multas de hasta 1.350 euros. Ahora, y desde el pasado mes de junio, la magistrada Adelaida Medrano es la titular del juzgado al frente de la muerte de Jimmy. Con esta ya son cinco las veces que el asunto cambia de manos.