La Federación de Fútbol decidirá si permite «esteladas» en la final

A menos de un mes de que Barça y Sevilla se enfrenten en el Wanda Metropolitano, el TSJM ha confirmado la decisión que adoptó el Juzgado de Contencioso-Administrativo número 15 de Madrid de no admitir a trámite el recurso planteado en su día por el Barcelona contra la resolución verbal adoptada, en 2016, por la Delegación del Gobierno, que prohibió la exhibición de esteladas en la final de la Copa del Rey de aquel año, en la que los andaluces también disputaron el título a los catalanes. En su sentencia, el TSJM establece que el club catalán no tiene legitimidad para recurrir aquella decisión porque sus estatutos no recogen la defensa del derecho de sus socios a portar banderas políticas.

Con su tradicional ambigüedad en el discurso cuando las reivindicaciones independentistas se trasladan a los estadios, el Barcelona apeló a la libertad de expresión para recurrir aquella prohibición. La sentencia del TSJM recuerda que, según sus estatutos, las finalidades del club azulgrana «son el fomento, la práctica, la difusión y la exhibición del fútbol y otros deportes y complementariamente la promoción y participación en las actividades sociales, solidarias, culturales, artísticas, científicas y recreativas convenientes y necesarias para mantener la representatividad y la proyección del club». «Estatutariamente el club no defiende el derecho de sus socios a portar banderas de determinadas tendencias políticas. Es más, podríamos decir que, también estatutariamente, la defensa a la libertad de expresión de algunos de sus socios supondría un incumplimiento de la finalidad para la que fue constituido», destaca el fallo.

La Delegación del Gobierno de Madrid confirmó ayer a ABC que la seguridad dentro del recinto deportivo en la final del Wanda Metropolitano corresponderá, como siempre, a la entidad organizadora, en este caso la Federación. En la final de 2016, la RFEF, en la habitual reunión de coordinación antes del partido, fue la que propuso prohibir la entrada de banderas independendistas e «impidió en la medida de sus posibilidades» que los aficionados las introdujeran en el Vicente Calderón, el escenario del encuentro. A pesar de que la decisión en un asunto tan polémico partió de ella, la RFEF acabó poniendo en el foco a la delegada del Gobierno, Concepción Dancausa. Aquella prohibición generó una ola de críticas en Cataluña y provocó que Carles Puigdemont, el entonces presidente de la Generalitat, rechazara asistir al encuentro. En el partido, sin embargo, se vieron numerosas «esteladas».

Lo que sí se espera en la final del Wanda es la habitual protesta contra el himno nacional. Finalista en todas las ediciones de la Copa desde 2014, sectores del barcelonismo ligados al independentismo se han afanado a lo largo de los últimos años en convertir uno de los partidos más bonitos de la temporada en una reivindicación política. Las pitadas al himno se han sucedido en todas las finales con presencia azulgrana y Juan Luis Larrea, presidente en funciones de la Federación, reconoció ayer que, en la del 21 de abril, «la RFEF poco podrá hacer» para evitarlo más allá de su habitual llamamiento al respeto: «Es una pena, hay que respetar, porque a cada uno le gusta que respeten su himno y su bandera». Las elecciones federativas, con muchos intereses en juego, serán el 9 de abril, dos semanas antes de la final, y el Barça estará atento a la decisión del próximo presidente (Larrea o Rubiales).

La final ante el Sevilla se jugará en un ambiente aún mucho más enrarecido que las precedentes debido a los acontecimientos que están rodeando la política catalana. A menos de un mes del partido, el encarcelamiento de los líderes secesionistas y la detención de Carles Puigdemont en Alemania han elevado la temperatura del duelo que decidirá el campeón de 2018. Algunas voces con peso en el barcelonismo incluso se han atrevido a pedir el boicot azulgrana a la final. Es el caso de María Elena Fort, exdirectiva, que ha solicitado que su equipo no se presente. Una medida que la entidad presidida por Josep Maria Bartomeu no se ha planteado por motivos deportivos y por las fuertes sanciones que le acarrearía.

Para la final en el Wanda, que ya ha sido declarada de alto riesgo por la Comisión Antiviolencia, el Barça recibió 16.223 localidades, pero sus socios dejaron sin retirar más de 6.000.