Los clubes de la LNFS acusan al CSD y al Gobierno de alinearse «sospechosamente con las tesis de la RFEF»

Al menos eso es lo que han venido a denunciar este miércoles los clubes que se mantienen en el seno de la LNFS, que a través de un comunicado han expresado su profundo descontento, incluso malestar, con José Manuel Franco y el CSD por su inacción respecto a la petición de profesionalizar la primera división del fútbol sala.

Un día antes, el martes, el Gobierno había explicado su negativa a considerar la profesionalización de este deporte por su «falta de madurez y de estabilidad económica», unida a «la ausencia de estructuras laborales sólidas». Unos argumentos que provocaron la contundente respuesta de la LNFS, que en su nota oficial, además de pedir al presidente del CSD «una respuesta inmediata y razonada» a su solicitud, pidieron al Gobierno ser más «prudente y plural» y no ceñirse a «una versión sesgada» del asunto.

«Ante lo que consideran como un silencio administrativo improcedente, los clubes demandan, a título individual y mostrando su firme determinación, al presidente del CSD, José Manuel Franco, que ofrezca una respuesta inmediata y razonada a la solicitud presentada oficialmente el pasado 7 de octubre de 2022 para la calificación de la Liga Nacional de Fútbol Sala como profesional», arranca el comunicado.

La asociación explica que sus clubes han enviado burofaxes a los grupos parlamentarios del PSOE y Unidas Podemos «para mostrar su más absoluta disconformidad con los criterios expuestos por sus representantes políticos para votar en contra de la profesionalización en la Comisión de Cultura y Deporte».

Además piden al Gobierno y al CSD que sean «más prudentes y plurales» cuando valoren este asunto y «no ofrezcan solo una versión sesgada y tergiversada» al poner en duda en la respuesta del lunes 'la falta de madurez y de estabilidad económica' de los clubes «con información parcial ofrecida por la RFEF menoscabando de esta forma los 34 años de historia que respaldan a la LNFS». «De seguir haciéndolo públicamente, en respuestas a las preguntas de otros grupos parlamentarios en el Congreso, ambas instituciones se estarían alineando sospechosamente con las tesis negacionistas de la RFEF, que sólo busca su propio beneficio y no el del deporte como ya demostró con su negativa a la creación de la Liga F», agrega.

La LNFS que preside Javier Lozano «ruega encarecidamente diálogo y rigor» al Gobierno y al CSD para que no usen datos que «no han sido contrastados y que carecen de fundamento» acerca de la referida sostenibilidad económica de la competición y la ausencia de estructuras laborales sólidas, lo cual cree que podrían ser «comparados públicamente con los que disponían el fútbol femenino y el balonmano en el momento en el que lograron su profesionalización».

«La confrontación de las cifras dejaría en evidencia al CSD y demostraría de manera palmaria que se está produciendo un agravio comparativo con el fútbol sala y un tremendo perjuicio para aquellos clubes que cumplen de manera escrupulosa con los requisitos legales para que su competición sea declarada profesional», añade. La asociación recuerda que el CSD tiene «desde hace meses un extenso informe» donde puede constatar «las cifras actuales de retorno médico y mediático» de la Primera División y sus clubes.

«Se está dilatando de manera injustificada la decisión, politizándola e instrumentalizándola para favorecer con la inacción gubernamental los intereses de la RFEF, quebrando así todos los principios de equidad y transparencia exigibles», critica.

El lunes, el Gobierno señaló que el CSD «está analizando el asunto referido, con la realización de una valoración completa de la existencia de los requisitos legales para que esta competición sea declarada profesional». En ese sentido destaca que «si bien no se descarta en el futuro la profesionalización, se presentan algunos elementos que reflejan la falta de madurez y de estabilidad económica de la competición y la ausencia de estructuras laborales sólidas». «Cabe señalar la inexistencia de convenio colectivo y la falta de sostenibilidad económica de la competición, que son aspectos necesarios establecidos por el artículo 83 de la Ley 39/2022, de 30 de diciembre, del Deporte», argumentó.

Entre otras razones, el Gobierno explicó que de acuerdo con los datos de contratos disponibles en la RFEF, «el 40 por ciento» de los jugadores de Primera División no tiene «contrato de trabajo», una cifra que aumenta al «60 por ciento» en Segunda. Además, según los datos disponibles de los contratos de los jugadores con licencia profesional, «el 90 por ciento» en la máxima categoría «tienen un contrato inferior a 10 meses», mientras que en Segunda División «se trataría del cien por cien».

Finalmente advertía que el CSD tiene constancia de que la Asociación de Jugadores de Fútbol Sala (AJFS) y el Comité Nacional de Fútbol Sala de la RFEF están «en contra de esta petición», una opinión que va en línea de la propia federación.