La caza también vota

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Juan del Yerro

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Fue una campaña que rápidamente se extendió al resto de comunidades autónomas y que ahora, ante las próximas elecciones generales, vuelve a recuperar protagonismo, pues recuerda a los políticos que la caza es una actividad que mueve aproximadamente un millón de votos en España.

Pero no solo sirvió para concienciar a los políticos. También recordó a los propios cazadores la fuerza que tienen, algo que se hizo evidente en la gran movilización del 20 de marzo de 2022, que consiguió reunir en Madrid a más de medio millón de personas formando una gran marea naranja que inundó las calles de la capital.

Gracias a esa iniciativa, son pocos los partidos que se permiten menospreciar a un sector que, además de desempeñar un incuestionable papel en la conservación de la naturaleza, genera cada año, según el 'Estudio Socioeconómico de la Caza en España' elaborado por Deloitte para Fundación Artemisan, cerca de 6.500 millones de euros, que representa el 0,3 % del PIB nacional, y que da empleo a 187.000 personas, la mayoría en el mundo rural.

De cara a las pasadas elecciones municipales y autonómicas, y ahora ante las próximas generales, la mayoría de los partidos políticos se están reuniendo con los representantes de los cazadores para tratar de formalizar acuerdos en apoyo de la caza.

El Partido Popular y Vox ya han firmado el llamado 'Compromiso político con la actividad cinegética 2023/2027', un completo decálogo en apoyo de la actividad. Seguramente otros partidos también asumirán este compromiso, ya que casi todos son conscientes de que su posicionamiento en defensa de la caza y del campo fue determinante en pasadas elecciones, entre otras para que el presidente castellanomanchego haya sido uno de los únicos barones socialistas capaz de esquivar el castigo generalizado al PSOE en las últimas elecciones municipales y autonómicas.

El mundo rural en general y la caza en particular han sido objeto de duros ataques desde hace años imponiendo prohibiciones que en la mayoría de los casos obedecen más a criterios ideológicos que medioambientales. La protección a ultranza del lobo, la pretensión de prohibir la caza de la tórtola o de la codorniz, la prohibición general de cazar o pescar en todos los parques nacionales, la nueva ley de bienestar animal o la reforma del código penal en materia de maltrato animal son un claro ejemplo de normas que se han elaborado desde los despachos sin tener en cuenta a los principales afectados, ganaderos, agricultores, cazadores, personas que viven cada día en el mundo rural y que ven amenazados su forma de vida, su sustento y su futuro.

Esta situación ha propiciado una rebelión en el mundo rural, que, harto de imposiciones y menosprecios, quiere hacerse valer, exigiendo a los distintos partidos que se comprometan con su causa. Una causa que, a diferencia de lo que pudiera parecer, cuenta con muchos más partidarios que detractores en nuestro país.

En este sentido, el estudio 'Opiniones y actitudes de la sociedad española ante la caza', elaborado por GAD3 y Fundación Artemisan, vino a demostrar que la mayoría de los españoles considera la caza una actividad necesaria y opina que tiene un impacto positivo en el ámbito rural. De hecho, el 60 % afirma no estar dispuesto a pagar más impuestos para que la Administración pública se haga cargo del control de poblaciones de fauna silvestre y más del 70 % se posiciona a favor de la caza para llevar a cabo este control. Solo el 23,5 % de los españoles se muestra contrario.

Si bien todavía no se conocen los programas electorales completos de los distintos partidos para las próximas elecciones generales, se han producido ya posicionamientos claros a favor y en contra de la caza. El primero en hacerlo fue VOX, cuyo presidente afirmó con rotundidad que si gobierna derogará la mal llamada Ley de Bienestar Animal, volverá a permitir la caza controlada del lobo al norte del río Duero, implantará una licencia única y promoverá el reconocimiento y respeto social, entre otras medidas.

Por su parte, el Partido Popular también confirmó su intención de modificar la Ley de Bienestar Animal y la reforma del código penal en materia de maltrato animal, comprometiéndose a apoyar la caza tanto a nivel nacional como autonómico y a contar con los cazadores a la hora de redactar cualquier norma.

En contra de la caza se ha posicionado abiertamente el Pacma, reafirmando su propósito de prohibir la caza con independencia de las consecuencias, y en una parecida línea argumental se encuentra Podemos, que no ha cesado durante los últimos años de gobierno de coalición en lanzar ataques contra el mundo rural y la caza a través del Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 2030 y su Dirección General de Derechos de los Animales.

En un sentido similar, el nuevo partido político Sumar, de Yolanda Díaz, aunque no ataca la caza de forma directa, sí propone entre otras medidas la reducción de las poblaciones de jabalí mediante la esterilización y no la caza, la prohibición de la del lobo, un mayor control sobre los perros y una drástica reducción de la producción y consumo de la carne en general.

Caso especial es el del Psoe, que inicialmente apoyó sin fisuras la Ley de Bienestar Animal, si bien con posterioridad entendió la lesividad que suponía la norma para la caza y el mundo rural y promovió una enmienda contra su propia ley, que consiguió dejar fuera de su ámbito de aplicación a los perros de caza, vigilancia, pastoreo y otros. Sin embargo, al mismo tiempo apoyó una reforma del código penal en materia de maltrato animal que supone, en mi opinión, la amenaza más grave con la que se encuentra la caza en estos momentos por su ambigüedad y desproporcionalidad.

Dentro del socialismo están, por un lado, los representantes en comunidades autónomas como Castilla-La Mancha, Extremadura o Andalucía que apoyan abiertamente la caza y no tienen el menor reparo en criticar, cuando están en su territorio, gran parte de las leyes que perjudican a la caza, aunque luego en el Congreso y Senado voten a favor. Y, por otro, está la corriente que se podría llamar 'ministerial', encabezada por Teresa Ribera, vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que aseguró que «prohibiría la caza y los toros». De hecho, la gran mayoría de las normas recientemente aprobadas que están resultando gravemente lesivas para la caza y el mundo rural provienen de su cartera.

Todo esto confirma que, sin duda, en las próximas elecciones generales la caza y el mundo rural se juegan mucho, pero sobre todo que los partidos políticos también lo hacen, y lo saben. Los datos están ahí. En estos últimos años se han tomado muchas decisiones erróneas basadas únicamente en argumentos ideológicos sin tener en cuenta a los afectados; y esto está pasando factura en las urnas, no solo en España, sino también en otros países de nuestro entorno.

Las distintos agrupaciones políticas tienen ahora la oportunidad de escuchar y atender a un sector cada vez más activo y más maduro, que lucha con argumentos para defender su actividad y que es capaz de movilizarse unido cuando es atacado.

Y los cazadores también tienen ahora la oportunidad de utilizar su arma más valiosa, el voto, para reivindicar una afición lícita y necesaria en España tanto desde el punto de vista medioambiental como del económico.

La caza también vota, que nadie se olvide.