La odisea de entender lo que dice el Estado: «El lenguaje claro es un derecho de los ciudadanos»

Santiago Muñoz Machado, el director de la Academia, abrió el encuentro recordando que la reivindicación del lenguaje claro viene de lejos, y que nació, seguramente, de la indignación de un ciudadano inglés que no entendía el prospecto de una medicina. Queja a queja, aquella protesta individual se ha convertido hoy en un movimiento de carácter global y transversal, que afecta a lo público y a lo privado. La oscuridad es ancha; el derecho a entender, un deseo todavía.

No es raro, comentó el jurista desde el atril, que ya el derecho romano estableciera que «el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento», pues siempre el hombre de a pie ha tenido problemas para entenderla. A lo largo de las ponencias esta certeza se confirmó a base de citas más o menos añejas, del Quijote a Ortega y Gasset, pasando por Voltaire, Montesquieu y Jeremy Bentham. Este último sentenció: «Las leyes son palabras (...) todo lo más precioso que tenemos depende de la elección de las palabras».

Fernando Galindo, secretario general del Congreso de los Diputados, empezó su ponencia pidiendo disculpas: «Ya les adelanto que voy a ser crítico con el trabajo que realizamos en el Parlamento. Es evidente y es innegable que la calidad del lenguaje en las últimas décadas se ha empobrecido enormemente. Decía Stendhal que todos los días, antes de ponerse a escribir, leía algún artículo del Código Civil Napoleónico para ganar frescura y naturalidad. Yo no creo que hoy por hoy haya ningún escritor que pueda decir lo mismo». Alicia Zorrilla, presidenta de la Academia Argentina de las Letras, señaló con guasa los vicios de la prosa jurídica: los gerundios estomagantes (o indigestos), los arcaísmos hasta en los tiempos verbales, el caos sintáctico que pretende ser barroquismo.

«¿Por qué se usa «presentara» en lugar de «presentó», «dijera» en lugar de «dijo»? (...) Se usa «dar cumplimiento» en lugar de «cumplir», «tomar responsabilidad» en lugar de «responsabilizarse». Y se altera el orden sintáctico sin necesidad. Se dice «la demanda se promovió por el damnificado» en lugar de «el damnificado promovió la demanda»», protestó. Luego leyó un contrato en el que a fuerza de evitar el punto y abusar del gerundio el redactor acababa diciendo que el dueño del piso que se iba a alquilar no se hacía responsable de los daños morales o los movimientos sísmicos que pudiera ocasionar su vivienda.

Francisco Marín Gastán, presidente del Tribunal Supremo, coincidió con Zorrilla, y añadió otro factor: el arte del cortapega. «En las sentencias ha alcanzado el grado de plaga», denunció. Se refería a que antes las citas a otras sentencias eran mesuradas y sintéticas, todo lo contrario que hoy. También cargó contra la concatenación de subordinadas sin piedad, algo que se hace «so pretexto de una pretendida altura o calidad técnica». Ignacio Sancho Gargallo, magistrado de la sala primera de lo civil del Tribunal Supremo, recordó aquella vieja norma: sujeto, verbo, predicado. «Hay que evitar el barroquismo».

Ignacio Astarloa, miembro de la Real Academia de Jurisprudencia y antiguo secretario de Estado y diputado, aseguró que en España la ilegibilidad de las leyes se ha agravado por la hiperinflación legislativa: cada vez hay más normas, son más largas, regulan más cosas y se entienden peor. Ay, las leyes ómnibus… A esto se le suma, además, que los pactos de última hora se han traducido muchas veces en textos legislativos con «formidables ambigüedades de fondo y forma, con un lenguaje deliberadamente ambiguo y oscuro». «Tenemos un libro de estilo de la justicia [elaborado por la RAE y el CGPJ]. Se sabe lo que hay que hacer, tenemos los instrumentos para hacerlo, falta que pongamos la voluntad necesaria para hacerlo. Se requiere un pacto político», aseveró. Galindo aportó algo de optimismo: «En los últimos quince años ha habido avances significativos».

Juan Fernando Abellá, director general de Impresiones y Publicaciones Oficiales de Uruguay, contó que allí llevan trece años traduciendo las leyes a un lenguaje accesible para todos los ciudadanos. «No interpretamos, solo traducimos. Cambiamos «decimotercera paga» por «aguinaldo», por ejemplo. Le damos un orden más coherente a la frase, nos ahorramos lo procedimental… Ya tenemos más de 86 normas en lenguaje claro. El lenguaje claro fortalece la democracia», subrayó. Fue una idea muy repetida. Ahora que la desafección por las instituciones crece, el lenguaje claro puede restañar esa relación de los ciudadanos con los órganos del Estado.

«La administración no puede emboscarse en que el asunto es complicado», subrayó Ángel Gabilondo, defensor del Pueblo, bajando el tema a la burocracia. «La claridad es ponerse en lugar del otro. El lenguaje claro mejora el servicio público. Dicho de otro modo: sería suficiente no hacerse entender bien para ser una mala administración». Julio Ponce, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Barcelona (UB), recordó que «el lenguaje claro no es una mera cortesía de las administraciones públicas». «Es un derecho de los ciudadanos: el derecho a entender», insistió.

De todas las pesadillas cotidianas, las cartas de Hacienda son las peores. Estrella Montolío, directora de la cátedra de comunicación clara aplicada a las administraciones públicas de la UB, lo dijo con datos: «Solo un 33% de los barceloneses hacen los trámites de Hacienda solo. El 44% lo hacen con gestores. El 23% piden ayuda a amigos o familiares. Y el 70% tienen miedo a equivocarse». ¿Saben cuál es una de las quejas más comunes? Muchos no entienden cuándo vencen los plazos. Y más allá de la oscuridad está el tono, que también. «Es un tono amenazante, intimidatorio, no muy respetuoso con lo que debería ser una administración del siglo XXI». ¿Cambiará? Daniel Martínez, del instituto municipal de Hacienda de Barcelona, contó que en la Ciudad Condal ya están en ello…