Las entidades de gestión denuncian ante Bruselas la eliminación del canon digital
Aseguran que la decisión del Gobierno de cambiar el sistema de compensación por copia privada incumple la directiva europea, y perjudica a los usuarios que no compran equipos de reproducción
abc.es
El Consejo de Ministros aprobó en diciembre de 2011 la supresión del canon digital . El Gobierno aseguró que lo sustituiría por una «compensación equitativa» por copia privada a cargo de los Presupuestos Generales del Estado. Hasta entonces eran las empresas tecnológicas, y no ... los ciudadanos, las que debían remunerar a los autores por el derecho que tienen los usuarios a realizar copias privadas de sus obras.
El nuevo sistema contempla el pago del canon a través de los PGE
Siete meses después aún no se ha definido una alternativa al canon , y se ha dejado de remunerar a los titulares de derechos, «lo que prohíbe expresamente la directiva europea». Las entidades de gestión de derechos han denunciado esta situación ante Bruselas . «El nuevo sistema no sirve para compensar a los titulares», aseguran, «y beneficia injustamente a las empresas tecnológicas, que sí están obligadas a pagarlo en otros 22 países de la Unión Europea (el resto de los que admiten la copia privada)». Hace apenas una semana, Francia ratificó la validez del canon digital , regulado por una ley idéntica a la española antes de que el Gobierno la modificase.
SGAE, AISGE, EGEDA, Dama, AIE, Vegap y AGEDI alertan también de que el nuevo sistema «perjudica a los contribuyentes al fijar el canon a cargo de los Presupuestos Generales del Estado». Lo que significa que el pago de la copia privada recae sobre todos los españoles , compren o no equipos para reproducir obras protegidas. Además, la compensación que ofreció el PP fue de 5 millones de euros anuales, frente a los 115 que contemplaba la anterior legislación.
El nuevo sistema de compensación genera, según los denunciantes, varios problemas: incumple la directiva europea, que consagra la compensación por copia privada a los autores, afecta al mercado interior y a la competencia en el mercado único, y no cuenta con la opinión de los creadores, aspectos que «perjudican gravemente el desarrollo del sector cultural , que constituye cerca del 4% del PIB», recuerdan.
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