El Supremo ratifica el canon digital suprimido por el Gobierno en diciembre

La sentencia del Tribunal Supremo recuerda que la «compensación equitativa por copia privada» recogida en la directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, «es un concepto autónomo de Derecho de la Unión , que debe interpretarse de manera uniforme en todos los Estados miembros que hayan establecido una excepción de copia privada», como es el caso de España.

El Tribunal Supremo ha tenido en cuenta las últimas sentencias del Tribunal Europeo al respecto, tales como la «sentencia Padawan» o la «sentencia Opus/Thuiskopia», que establecen que las personas jurídicas que manifiestamente no utilicen los equipos y soportes para copia privada están exentas de pagarlo, o que los Estados que adoptan el sistema de compensación por copia privada son responsables de que los titulares de derechos reciban esta compensación.

«Desde AGEDI, AIE, AISGE, DAMA, EGEDA, VEGAP y SGAE llamamos al sentido de Estado sobre la cultura y la necesaria protección de los derechos de propiedad intelectual -que forman parte del derecho constitucional de propiedad privada-, así como a la conveniencia de no separarnos de Europa en este terreno, vital para el fortalecimiento de un sector clave de nuestra economía y de "marca país"», señalan.

El Pleno del Tribunal, apoyándose en estas sentencias del Tribunal Europeo, pone de manifiesto la obligación de los poderes públicos de asegurar a los titulares una compensación equitativa por la copia privada, por lo que ha condenado a la empresa Freephone Axarquia y a su administradora a compensar a los titulares por la copia privada de sus obras, considerando adecuado el sistema de compensación que estaba vigente en España hasta el 31 de diciembre del 2011.

En definitiva, el Pleno Tribunal Supremo, al resolver como lo ha hecho, viene a ratificar la viabilidad del anterior sistema de compensación equitativa (canon) por copia privada, vigente en la mayoría de los países europeos, sin perjuicio de susceptibles mejoras legislativas.

Pone en evidencia, por consiguiente, la falta de necesidad, como ha hecho el Gobierno, de un cambio de sistema poniendo el canon a cargo de los Presupuestos Generales del Estado. Esta iniciativa supone dotar la regulación del canon de un elemento de indiscriminación vetado por el Tribunal de Justicia, ya que lo pagarán todos los ciudadanos , hagan o no copias privadas. Es un sistema, además, inadecuado para garantizar una compensación equitativa a los titulares y de muy difícil argumentación ante los ciudadanos en una grave situación de crisis económica como la que atraviesa España.