El Ministerio de Cultura, en la diana de las entidades de gestión europeas

Las españolas recuerdan que el Gobierno español derogó por Decreto-Ley el 31 de diciembre del pasado año el sistema por copia privada vigente en España y en la práctica totalidad de los países de la Unión Europea. Y dicen que se ha sustituido «creando un sistema, absolutamente innecesario a cargo de los Presupuestos Generales del Estado , que pagarán de forma indiscriminada todos los ciudadanos españoles hagan o no copias privadas».

A las entidades hispanas les resulta «chocante que, teniendo en cuenta los problemas con el gasto público que tiene en estos momentos la economía española, se asuma con cargo al Presupuesto un coste que la Ley contempla como obligación de empresas privadas por el beneficio que obtienen de la venta de sus productos». Además recuerdan que las empresas tecnológicas no han rebajado los precios de sus productos, con lo que «el Gobierno les ha aumentado sus beneficios». La reducción del monto de compensación a 5 millones -cuando la última cifra legalmente estipulada era de 115 millones- hacen pensar a las entidades que esta medida, sumada al nuevo IVA, pone en peligro el sector cultural, que aportaba el 4% del PIB y debería ser uno de los motores de desarrollo económico y de la “marca país”.

Por si esto fuer poco, las entidades denuncian la improvisación y falta de diálogo de la Secretaría de Estado de Cultura , que ha realizado estos cambios de modelo «sin contar con las entidades ni con los titulares de derechos», lo que nos deja, una vez más, fuera de Europa.

El comunicado europeo es así de contundente: « España pisotea la ley de la UE sobre los derechos de autor y derechos conexos, poniendo en riesgo un importante recurso económico para los artistas y las industrias culturales y creativas»

En un momento en el que el gobierno español está pidiendo miles de millones de euros de solidaridad para rescatar al país de sus problemas financieros -continúa el comunicado emitido por las entidades de derechos de autor europeas-, «el mismo gobierno está renegando de su compromiso con arreglo a la legislación de la UE (artículo 5.2.b) de la Directiva 2001/29/CE) para proporcionar un sistema para compensar a los artistas y la industria del cine y la música por la copia privada de obras sonoras y audiovisuales».

Añaden que de hecho 115 millones de euros de los derechos «recaudados cada año en España están siendo confiscados a los titulares de derechos . Este cambio contradice el objetivo de desarrollar una economía creativa y también va en contra de la legislación comunitaria sobre derechos de autor y el mercado interior». El Gobierno español propone ahora «un subsidio ridículo de 5 millones de euros al año para compensar ese daño económico». Mientras tanto, «los precios de los bienes de consumo utilizados para la copia no se han reducido desde que se había suprimido la compensación por copia privada».

Las industrias culturales y creativas, que, según afirman, suponen un 4,5% de PIB de la UE y emplean en torno al 3,8% de la población activa de Europa en 2008, «son rehenes de una situación que hace al Estado responsable por el pago de la compensación». Las entidades afirman que «esta medida no es legítima, ya que convierte a los artistas y las industrias culturales directamente en responsables del déficit del Estado ».

Por último recuerdan que la legitimidad del sistema anterior fue confirmada recientemente por el Tribunal Supremo español que afirmaba que sólo las personas jurídicas que manifiestamente no utilizan los dispositivos y medios de comunicación para uso privado están exentas del pago del derecho, y que los Estados miembros que adopten un sistema de compensación por copia privada, son responsables del pago de esta remuneración a los titulares de derechos.