La ley Sinde se aprueba hoy en el Congreso

Los internautas han iniciado una campaña de protesta en la Web en la que piden a la ciudadanía que no vote a PSOE, PP ni CIU en las elecciones municipales del 22 de mayo

MADRID Actualizado:

La ley Sinde comenzará hoy su andadura legal después de que esta tarde sea aprobada en el Congreso, si no hay sorpresas políticas de última hora (que no se esperan). Después de que la norma antidescargas pasara el trámite del Senado la semana pasada gracias al acuerdo entre PSOE, PP y CIU y tras ser el esperado centro de atención en la pasada gala de los Premios Goya, la ley puesta en marcha por la ministra de Cultura es una realidad contra la que los internautas poco pueden hacer.

Por más que se «colaran» en la alfombra roja de los premios del cine español y hasta lograran que Álex de la Iglesia describiese internet como «el futuro del cine español» en su discurso de despedida como presidente de la Academia, no evitarán que, tal y como adelantó Ángeles González-Sinde la semana pasada, la norma antidescargas esté lista a finales de marzo y empiece a «operar» antes del verano, aunque «habrá que desarrollar el reglamento y constituir la sección segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual», tal y como apuntó en el Foro de la Nueva Comunicación.

Eso sí, la Web no tira la toalla y ha comenzado un movimiento de ciberactivismo a través de la página web Nolesvotes. En ella instan a la ciudadanía a que se informe «para comprobar que existen alternativas contrarias a la ley Sinde en todo el espectro ideológico. Te pedimos que defiendas la libertad en la Red con tu voto, no apoyando a aquellos que con sus actos se han hecho claramente merecedores de un voto de castigo. El próximo 22 de mayo, NO LES VOTES.», según reza el comunicado colgado en el site.

Así queda la ley

En la nueva redacción de la ley antidescargas, el juez interviene desde el primer momento del proceso, que podría extenderse al menos diez días antes del cierre de una web. La enmienda recoge la creación de una Comisión de la Propiedad Intelectual, que en una primera sección ejercerá funciones de mediación y arbitraje, y en su segunda, examinará las denuncias sobre páginas web de descargas de contenidos sujetos a derechos de autor.

En el texto, a diferencia de la primera disposición, se determinan qué miembros compondrán cada una de las secciones, con lo que el trámite de composición de la comisión ya está decidido. También se añade que todo requerimiento de cierre de una web «exigirá la previa autorización judicial», que deberá ser aceptada o rechazada por el Juzgado en un plazo de 24 horas y previa audiencia del Ministerio Fiscal. Una vez obtenida la autorización, las páginas web "estarán obligadas a facilitar los datos necesarios para llevar a cabo la identificación".

La Comisión de Propiedad Intelectual podrá bloquear la web o retirar los contenidos, pero antes de ejecutar esta medida, tendrá que solicitar a la web que «en un plazo no superior a las 48 horas pueda proceder a la retirada voluntaria de los contenidos declarados infractores» o realizar las alegaciones que considere oportunas.

Transcurrido el plazo anterior, el órgano competente estará obligado en un plazo de entre dos y máximo de cinco días de presentar a los interesados sus conclusiones, y en tres días más dictar su resolución. En cualquier caso, la ejecución de cierre de la web exigirá de la previa autorización judicial, sin perjuicio de las acciones civiles, penales y contencioso-administrativas procedentes. Además, la falta de resolución en los plazos determinados tendrá efectos desestimatorios de la solicitud