Azaña: «España ha dejado de ser católica»

No puede reducirse la gravedad de sus palabras al apresuramiento acalorado de una réplica parlamentaria o al desliz involuntario de un comentario de tertulia. El próximo jefe del Gobierno, ya convertido en la figura más destacada del republicanismo español por sus continuas intervenciones en el Congreso de los Diputados, que contrastaban con el silencio de Lerroux, deseaba hacer de la discusión sobre el artículo 26 del proyecto constitucional una de las tres rupturas que perfilaban su ideario republicano: la forma de gobierno, la reforma social y el laicismo del Estado.

Por el valor simbólico y la voluntad política que Azaña quiso inculcar a sus palabras, merece la pena detenerse en lo que podría ser fácilmente desautorizado como una agresión intolerable a la españolidad o rebajado a una suerte de chascarrillo de escaño. Fue una de las intervenciones más brillantes y mejor medidas del líder republicano en la Cámara. Y en ella se advierte algo más que el tosco anticlericalismo jaleado por muchos de los que se tienen por seguidores del tribuno y casi todos los que se consideran sus enemigos.

En aquel discurso aparecía clara la voluntad de liquidar una legislación que se juzgaba superada por los acontecimientos y la modernización de la sociedad española, aunque saliendo al paso de quienes creían que la ley debía atenerse a los sofocones coyunturales del ánimo popular: «La legislación no se hace solo a impulso de la necesidad y de la voluntad; no es tampoco una obra espontánea; las leyes se hacen teniendo también presente el respeto a principios generales admitidos por la ciencia o consagrados por la tradición jurídica».

Las leyes habían de reformarse para ser «garantía de estabilidad en la continuación», nunca baluarte de «la obstrucción y del retroceso». Los legisladores tenían que dar solución política al desajuste entre las instituciones y la voluntad social pero no debían contentarse con la pura y simple certificación de cambios impuestos por el humor de la opinión pública. A Azaña no puede reprochársele, en el más famoso de sus discursos, ni improvisación, ni frivolidad ni, menos aún, un populismo anticlerical que hoy asoma en tantos debates superficiales.

Y es que, por entonces, la idea de España se tomaba tan en serio, que a ella se subordinaban la acción del legislador y la reflexión del dirigente político. La frase de Azaña respira una honda convicción española que se le ha negado en la derecha, y un orgullo de la tradición nacional que se le ha expropiado en la izquierda. Otra cosa bien distinta es el desacuerdo que provoque esa solemne afirmación.

La meditación sobre nuestra cultura le había llevado a Azaña al convencimiento de que España había dejado de ser católica. Si el dirigente republicano negaba el carácter católico de la España de 1931 era porque la comparaba con la que en otras épocas se había distinguido por propagar el mensaje del catolicismo en buena parte del mundo. «El genio español se derramó por los ámbitos morales del catolicismo, como su genio político se derramó por el mundo en las empresas que todos conocemos».

Azaña se encaramaba a un observatorio intelectual desde el que se comprendía la cultura acuñada por España para Occidente en los albores de la modernidad. «España, en el momento del auge de su genio, cuando España era un pueblo creador e inventor, creó un catolicismo a su imagen y semejanza». El catolicismo se apoyó en el brazo imperial y el poderío político de España, en su fervor creativo literario y artístico; se convirtió en mentalidad social y en proyecto al que nuestra nación dotó de contenido en los años del Renacimiento y la Contrarreforma. «Allí está todavía la Compañía de Jesús, creación española, obra de un gran ejemplar de nuestra raza, y que demuestra hasta qué punto el genio del pueblo español ha influido en la orientación del gobierno histórico y político de la Iglesia de Roma».

Esa España identificada con la religión católica, esa España puesta al servicio de una misión espiritual que dio sentido a la cultura nacional no existía ya en 1931, pensaba Azaña. Podía haber millones de creyentes en nuestro país, del mismo modo que hubo disidentes religiosos insignes en los años del Imperio y la Monarquía Universal. Pero se trataba realmente de una mera masa de fieles, no de una cultura que siguiera siendo hegemónica, creadora, capaz de batirse con los avances del pensamiento en el siglo XX.

Ahí radica la hondura de la controversia planteada por Azaña, lejos de los dislates del anticlericalismo o del estúpido desprecio de una tradición nacional. A ella dieron cumplida respuesta los católicos españoles en el mismo debate parlamentario, más allá de la defensa de intereses concretos de la Iglesia; un aspecto importante, aunque no exclusivo en aquel enfrentamiento intelectual de envidiable estatura. España había dejado de ser católica para Azaña, porque nuestra nación ya no podía identificar su ideario con el catolicismo que la inspiró en los comienzos de la Edad Moderna.

En aquella frase provocadora y meditada latía, sin embargo, el deseo de articular cualquier reforma sobre la certeza del mantenimiento de una tradición, sobre el respeto y, desde luego, superación de lo que había sido inspiración ideológica de una nación, sustancia de una empresa colectiva, idea creadora de una larga trayectoria histórica de Occidente.