Cultura recuerda que los datos de piratería ofrecidos hoy son estimativos y de parte

El Ministerio destaca que «en ningún caso la Coalición de Creadores o la consultora privada que ha realizado el estudio han contrastado los datos con la Subdirección de Propiedad Intelectual del MECD sobre la eficacia de la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual (CPI) en términos de tiempo empleado en la tramitación de un expediente». Y subraya que actualmente «el tiempo medio desde la presentación de una solicitud hasta su acuerdo de inicio es de 166 días y, entre 40 y 90 días, su resolución desde dicho acuerdo de inicio».

El Departamento de José Ignacio Wert quiere recordar que desde su puesta en marcha en marzo de 2012, «la Sección Segunda de la CPI, arroja los siguientes resultados:

»-De las 406 solicitudes presentadas, se han resuelto expresamente 349 expedientes, es decir, un 85,96% del total de las solicitudes presentadas; encontrándose, además, 2 expedientes en fase avanzada de tramitación y 55 de ellos en fase de investigación previa (comprobaciones de identificación y verificación de las vulneraciones).»

»-Se ha obtenido la retirada de contenidos por parte de un total de 162 webs, incluyendo entre éstas a 59 webs de enlaces . De esas 162 webs, 161 han retirado hasta ahora todos los contenidos identificados por la CPI que ofrecían ilícitamente y 23 han cesado por completo en su actividad. »

»-En alguno de los procedimientos llevados a cabo, la resolución ha conllevado la retirada de miles de archivos con contenidos ilegales, y, por otro lado, el referido cese completo de actividad de 23 webs ha supuesto, lógicamente, la desaparición, en la Red, de una oferta ilegal que multiplica por miles el dato de retiradas aportado por La Coalición.»

Además se recuerda que la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, que mañana se debate en el Congreso, «introduce una mejora sustancial en el procedimiento de la Comisión de Propiedad Intelectual». Se pretende «estrangular económicamente a aquellas páginas web que incumplan el requerimiento de retirada de contenidos ilícitos, dado que se mantiene como último recurso la petición al juez de bloquear el acceso a la web», así como las sanciones económicas –entre 30.000 y 300.000 euros- que «se impondrán a aquellas páginas que incumplan de forma reiterada los requerimientos de la Comisión».

También la notificación a páginas web que estén fuera de las fronteras españolas y alojen contenidos protegidos y la capacidad de actuar contra webs de enlaces ilícitos que los ofrezcan de forma activa, no netutral.

«El Gobierno está fuertemente comprometido -continúa la nota-con la lucha contra la vulneración de derechos de propiedad intelectual en Internet y está dando pasos firmes en ese sentido, como demuestran los proyectos de reforma legislativa de la Ley de Propiedad Intelectual, la Ley de Enjuiciamiento Civil y el Código Penal, que constituyen las tres vías jurídicas para la defensa de los derechos de autor».