Competencia expedienta a la SGAE por las licencias de conciertos musicales

También respecto a "los términos de los acuerdos alcanzados por SGAE con operadores de 'ticketing' y con entidades de gestión de derechos de autor en terceros países", ha informado hoy la CNC en un comunicado.

De la misma forma ha respondido la SGAE, que "no encuentra indicios que justifiquen la incoacción" de este expediente y que defiende que "no existe abuso de posición de dominio en las licencias que concede a los promotores musicales para la celebración de conciertos".

La asociación ha mostrado su "sorpresa" por la decisión de la CNC y confía en probar que "los 'supuestos' indicios" que han motivado la apertura del expediente sancionador "carecen de fundamento", por lo que confía en que finalmente se archive.

Además, la SGAE recuerda que los promotores musicales "siempre han respetado el derecho de autor" y que "la principal preocupación del sector es el IVA cultural del 21 %, que está lastrando la viabilidad de sus modelos de negocio en circunstancias económicas difíciles".

El expediente tiene su origen en una denuncia interpuesta por la Asociación de Promotores Musicales en 2005, que fue sobreseída un año después y recurrida por esta entidad. Tras sendas sentencias de la Audiencia Nacional, en 2009, y del Tribunal Supremo, en 2012, Competencia abrió una investigación.

La Sociedad General de Autores y Editores subraya que "tanto la Dirección General de Defensa de la Competencia y el extinto Tribunal de Defensa de la Competencia no hallaron, en 2006 y en 2007, razón alguna para la denuncia".

Añade que en 2006 alcanzó un acuerdo con la Asociación de Promotores Musicales y "desde entonces, las relaciones entre ambas asociaciones han sido no sólo cordiales, sino que se han incrementado sustancialmente desde el nombramiento de la nueva Presidencia y Junta Directiva de la SGAE".

También argumenta que se ha abierto un periodo de conversaciones para "dirimir por la vía del diálogo cualquier diferencia respecto de los derechos de autor", por lo que no encuentra motivos que justifiquen la apertura del expediente sancionador.

La Comisión Nacional de la Competencia establece un periodo máximo de 18 meses para la instrucción del expediente y la emisión de una resolución.