La lista de malas prácticas del despliegue de energías renovables en España

En un análisis de los proyectos sobre la mesa de las administraciones públicas, la organización ecologista ha encontrado una serie de malas prácticas que, según la ONG, «repiten el mismo esquema de los combustibles fósiles». «Denunciamos que hay empresas que están poniendo sus beneficios por encima de las personas y del planeta y, para colmo, la ley se lo permite», detalla Greenpeace.

En el informe titulado 'Renovables respetuosas con las personas y la biodiversidad. Buenas y malas prácticas en la implementación de proyectos fotovoltaicos y eólicos en suelo', los ecologistas han encontrado cinco malas prácticas en 25 proyectos renovables. «Todo bajo el amparo normativo», repiten.

El ejemplo más repetido en España es la fragmentación de proyectos para evitar el escrutinio del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Según la Ley 24/2013, toda instalación renovable que supere los 50 MW ha de ser tramitada por el departamento dirigido por Teresa Ribera. Si baja de esa cifra, la competencia pasa a manos de gobiernos regionales que, según fuentes ecologistas, suelen ser más permisivos en el despliegue. Según datos del Miteco, la mitad de los expedientes de los grandes proyectos eólicos se resuelven con una declaración de impacto ambiental negativa o son archivados.

Greenpeace cita tres ejemplos: Pancrudo y Alpeñés (Aragón); Bustelo (Galicia) y Bujalance y Montoro (Andalucía). En todos ellos, Greenpeace asegura que se produce la fragmentación de los proyectos que «han impedido un análisis sinérgico de las afecciones medioambientales de estas futuras instalaciones». «No es aceptable, sin embargo, que sea a costa de las garantías ambientales», denuncia Sara Pizzinato, coordinadora de la campaña de energías renovables de Greenpeace.

Muchas de estas instalaciones, una vez sorteado el escrutinio gubernamental, llegan, según el estudio, a zonas protegidas por valores ambientales o de alta sensibilidad ambiental. «No es necesario la implantación de renovables en estas zonas. Hay suficiente potencial renovable en espacios no protegidos», advierte la organización.

A nivel estatal y en muchas comunidades autónomas aún no está prohibido presentar proyectos en zonas de la Red Natura 2000. Hasta 14 casos ha documentado Greenpeace en su investigación, la mayoría de ellos proyectos fotovoltáicos en varias comunidades y unos pocos eólicos situados principalmente en Galicia. «El impacto de estas instalaciones sobre zonas de alta sensibilidad ambiental no protegida no siempre se evalúa de forma correcta», alerta la organización. Esta falta de control, asegura, permite que los promotores elijan emplazamientos no adecuados.Aunque, explican que la mayoría de las veces, la Administración pública detecta los impactos desfavorables y cancela el proyecto otorgando evaluación de impacto ambiental negativa.

La falta de interés de algunos proyectos por el entorno no solo afecta a la naturaleza, sino también al interés cultural y arqueológico de la zona de instalación. En Vallmol (Tarragona) no se tuvieron en cuenta los yacimientos arqueológicos del Inventario del Patrimonio Arqueológico de Cataluña. Este parque fotovoltaico de 30 MW recibió, finalmente, el no de la administración. Sin embargo, en Galicia, el parque eólico Acíbal en Barro, Campo Lameiro y Moraña (Pontevedra) está en operación tras «encontrarse bienes del patrimonio arqueológico», denuncian los ecologistas.

La armonía con la naturaleza es esencial para el visto bueno de las administraciones, pero también lo es con las comunidades locales y regionales. En los últimos años, las desavenencias relacionadas con las energías renovables han cobrado protagonismo. Las seis palabras que Ricardo Sorogoyen, director de cine, pronunció sobre el escenario de los Goya 2023 aún resuenan: «Energía eólica sí, pero no así».

La expropiación forzosa de los terrenos a sus propietarios legítimos, con una compensación por debajo del precio del mercado del terreno, «busca aprovechar la declaración del proyecto como bien de utilidad pública, en lugar de pactar unos precios de arrendamiento de mutuo acuerdo con los propietarios», denuncia Greenpeace.

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En Níjar (Almería), documenta la organización ecologista, la promotora de un parque fotovoltaico de 39,9 MW ofreció a un particular 13.000 euros por su terreno. «Sin embargo, las obras comenzaron sin avisar a los propietarios y acabó con un aviso de expropiación», señalan.

En los últimos meses, la figura del mediador de renovables ha crecido para acercar posturas entre la industria y los propietarios de los terrenos. «Hace más de una década llegaban a un acuerdo con las corporaciones o grandes propietarios e instalaban sus plantas a través de expropiaciones, por ejemplo», apuntaba hace unos meses Jaume Moya, portavoz del Proyecto Eudemon, a este periódico. «Ahora, además de los temas burocráticos, también se necesita una licencia social», añadía.

Por último, las empresas que presentan los proyectos de energía renovable incumplen la obligación del pago de impuestos (estatales o locales) a los que están sujetos por generar electricidad, lo que implica no repartir de forma justa los beneficios de la actividad con las comunidades locales.

En el informe, Greenpeace no sólo denuncia, a su juicio, la mala praxis de los promotores, también exigen un cambio en la normativa, ya que la legislación actual «las fomentan». La organización ecologista pone el foco en el Artículo 22 del RDL 20/2022 que «que abre la puerta para que determinados proyectos puedan recortar las garantías ambientales y la participación pública».

El estudio también ha detectado que tanto la normativa estatal como las autonómicas tienen fuertes disparidades en las medidas propuestas para el despliegue de las renovables. «Todavía no hay procesos claros para fomentar la participación ciudadana temprana». El informe también incluye ejemplos de normativa sobre participación ciudadana en Dinamarca, Países Bajos y Noruega. «Mi casa tiene unos 100 metros cuadrados y pago unos 30 euros de luz al mes», aseguraba en 2022 a este periódico Bernadette Vandercammen. Esta jubilada belga junto con sus vecinos creó «la mayor cooperativa energética de toda Europa» y con sus decisiones son los encargados de descarbonizar la ciudad de Eeklo.

No obstante, no todo son malas prácticas en España. Entre las buenas, Greenpeace destaca una participación temprana de las comunidades locales para influir en los proyectos (ubicación de la planta, de las líneas de evacuación, precauciones ambientales…), el uso compartido del suelo de la planta renovable con otros usos previos o con otras fuentes de energía, el fomento de empleo local en las plantas o en instalaciones industriales asociadas, la reducción de las facturas energéticas de empresas locales o personas vulnerables, la apertura a la participación ciudadana en la inversión de la planta, evitar la implantación de la planta en zonas protegidas o de alta sensibilidad ambiental ahí donde no está ya prohibido, evitar la implantación de grandes plantas en zonas agrarias consideradas de interés y especial relevancia (excluyendo el autoconsumo ligado a los consumos locales) y evitar el uso de la expropiación forzosa de los terrenos.

«Es crucial que se tomen medidas encaminadas a lograrlo», comenta Pizzinato. Para ello, Greenpeace pide al Gobierno la derogación del Art.22 del RDL 20/2022 sobre la tramitación express en todas las zonas, salvo las de baja sensibilidad ambiental. Coordinar con los gobiernos autonómicos zonas para el despliegue de renovables y más transparencia con la sociedad para impulsar proyectos participativos.