Gallardón: «Absoluto respeto hacia la sentencia»

Cayo Lara, coordinador federal de IU: "Hoy es un día triste para la justicia española y para los demócratas. Nos llama poderosamente la atención la celeridad del Supremo para condenar a un juez que persigue delitos de presunta corrupción mientras los presuntos corruptos todavía no se han sentado en el banquillo. El Supremo se ha apresurado a dictar sentencia antes de que se acabe el juicio por investigar los crímenes del franquismo. Vamos a tener dificultades para explicarles a nuestro hijos que los buenos fueron condenados y los malos no se han sentado en el banquillo".

Alberto Ruiz-Gallardón, ministro de Justicia: "El Gobierno, en este, como en todos los casos en los que haya un pronunciamiento del poder judicial, no hará nunca ningún tipo de valoración política. La única valoración que se realiza es el normal funcionamiento de nuestras instituciones, el cumplimiento del Estado de derecho y el más absoluto respeto por las decisiones que adoptan los magistrados en este caso, del máximo organismo jurisdiccional judicial como es el Supremo. No hay por tanto ningún tipo de valoración política, hay una valoración única y exclusivamente de respeto absoluto a las decisiones del poder judicial".

Julio Villarrubia, portavoz del PSOE en la Comisión de Justicia del Congreso: "Desde el Partido Socialista se respeta y se acata la sentencia de todo tribunal y si se trata del Tribunal Supremo español, si cabe, todavía más. Dicho esto, queremos mostrar nuestro grado de preocupación porque el juez Baltasar Garzón se ha distinguido a lo largo de su trayectoria profesional por ser una persona, un juez, un profesional que ha luchado de manera incansable contra el narcotráfico, contra el terrorismo, contra la corrupción. Por lo tanto, tengo que decir que no nos gusta, aunque no hemos tenido ocasión de ver con detenimiento la sentencia, ver que un juez español con este perfil sea condenado por un delito tan grave y que, curiosamente, además, sea el primer condenado en una trama gravísima de corrupción y es el juez instructor la primera persona que resulta condenada. A cualquier ciudadano de a pie esto le causa extrañeza y a nosotros nos causa, no solo un tanto de extrañeza, sino preocupación".

Antonio Hernando, secretario de Relaciones Institucionales y Política Autonómica del PSOE: "Va a ser incomprensible, sorprendente y va a causar honda preocupación en muchos ciudadanos que consideran que la corrupción en la esfera pública es uno de los principales problemas que tiene España y que no entienden que el juez que ha perseguido a los corruptos sea condenado"

José Antonio Monago, presidente del Gobierno extremeño: "La sentencia es una señal de salud democrática y de que el Estado de derecho funciona con políticos, ciudadanos y funciona también con jueces. La causa que está abierta pone de manifiesto que no se puede hacer una quiebra del Derecho ordenando un juez la intervención de las comunicaciones entre personas que están en un centro penitenciaria y su abogado, ese derecho a la defensa es un derecho sagrado y por tanto no puede estar al alcance de ningún juez. Lo que se ha hecho es justicia y hay que acatarlo".

Eduardo Torres Dulce, fiscal general del Estado: Ante la decisión del Supremo, el fiscal general del Estado ha expresado "el mayor de los respetos" y el acatamiento de la misma pese a insistir en que no ha concordado con la posición mantenida por el fiscal y que ha dicho que asume como tal. El fiscal pedía la absolución de Garzón por considerar que no había cometido delito. Ha recalcado la necesidad de mantener un mínimo de prudencia y sensatez hasta que pueda leer la sentencia y ha insistido en su acatamiento.

Carlos Dívar, presidente del Tribunal Supremo (TS) y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ): Califica de "inaceptables" las críticas que están recibiendo los magistrados del alto tribunal que han condenado a Garzón y ha dicho que constituyen "un grave atentado al Estado de Derecho". Desde el "más absoluto respeto al derecho a la crítica de las resoluciones judiciales", dice que el tribunal, "con absoluta independencia e imparcialidad, ha dictado por unanimidad esta resolución que pone fin a un proceso judicial transparente y lleno de garantías, como viene haciendo en todos los asuntos de que conoce". "Son, por tanto, de todo punto inaceptables los ataques tanto personales como institucionales que cuestionan de manera frívola y carente de fundamento la actuación del TS, deslegitimando la institución y desacreditando a sus componentes, a los que se atribuye otras intenciones más allá de la recta e imparcial aplicación de la ley, lo que constituye un grave atentado al Estado de derecho", añade.

Carlos Jiménez Villarejo, exfiscal anticorrupción: "Me parece un atropello realizado por el Tribunal Supremo contra una persona que es plenamente inocente (...) es un durísimo golpe a la independencia judicial (...) Siento profundamente que en España se tenga un Tribunal Supremo que se preste a tener aliados con los residuos del franquismo y de la trama 'Gürtel'".

Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid: "El fin, por muy loable que sea, no justifica los medios. La sentencia supone un triunfo del Estado de Derecho, porque demuestra que el fin, por muy loable que sea, no justifica los medios".

Pablo Llanera, portavoz de la Asociación Profesional de Magistratura: "La justicia ha actuado correctamente y con neutralidad. El hecho de que condene a un juez es duro para el propio afectado y también para la propia Administración de Justicia. El auto por el que se abrió el juicio oral a Garzón era de una "alta solidez jurídica".

Juan Alberto Belloch, alcalde de Zaragoza: "Si el inculpado merece la presunción de inocencia, el instructor con más razón. Debemos salvar el buen nombre del instructor Luciano Varela, uno de los procesalistas más competentes de toda la carrera judicial".

Joan Coscubiela, portavoz en el Congreso de ICV: "ICV apoyará a Garzón y pedirá la tutela de instancias internacionales para acabar con este cáncer que afecta al país", ha asegurado su portavoz. Ha destacado el hecho de que Garzón haya sido condenado a once años de inhabilitación mientras presuntos "corruptos" han sido absueltos. "Un país en el que sucede algo así es un país con un grave problema judicial".

Joan Tardà, diputado de ERC: "Es lamentable que Garzón se haya convertido en la primera víctima de la ultraderecha, lo que demuestra el sesgo ideológico extraordinario de la justicia española". No obstante, ha recordado que en 1992 Baltasar Garzón "hostigó, persiguió y permitió malos tratos y torturas a los independentistas catalanes", y ha apuntado que entonces la Administración ni siquiera denunció y el propio juez no se disculpó ante las víctimas.

Josep Antoni Duran Lleida, portavoz de CiU: Ha expresado su respeto por la sentencia, y no ha querido señalar si le gusta o no esta resolución del Tribunal Supremo. Duran ha señalado que debe quedar muy claro, para evitar la confusión, que esta sentencia "no tiene nada que ver" con la causa por la investigación del franquismo. "Es otra cosa completamente distinta, se compartirá o no pero por mi parte se respeta profundamente", ha añadido.

Francisco Baena Bocanegra, abogado del juez: "Puede usted imaginárselo: Una vida entera dedicada a la judicatura y que de pronto te digan que se ha acabado... Es para estar desolado. Confieso que yo participo de su desolación y dolor. Discrepo profundamente del fallo. Vamos a estudiar la sentencia y si su contenido lo permite acudiremos al Tribunal Constitucional y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero eso depende del estudio detenido de la resolución y, desde luego, de la voluntad de mi cliente".

José Luis Ramírez, portavoz de Jueces para la Democracia: "Expresamos nuestro máximo respeto a la presunción de inocencia de Garzón, pero también a la presunción de imparcialidad y de legitimidad de la Sala Segunda del Tribunal Supremo para enjuiciarlo". Ramírez ha manifestado que cuando se haga pública la sentencia contra Garzón por investigar los crímenes del franquismo "haremos una valoración desde el plano jurídico pero también desde el punto de vista de las repercusiones políticas".

José Antonio Choclán, abogado de Correa: "Garzón ha hecho grandes cosas, buenas y malas, todas grandes. La sentencia era necesaria para poner orden en una situación procesal muy desordenada y evitar determinados riesgos que amenazaban el Estado de Derecho. Tengo satisfacción profesional que no personal".