Alcalá castiga la prostitución

Así lo contempla la nueva «superordenanza» de convivencia ciudadana del Ayuntamiento de Alcalá (PP), aprobada ayer en el primer pleno de este curso, que abarca 74 artículos destinados a prevenir conductas incívicas, actuaciones perturbadoras, y a rehabilitar a los infractores. En un mes, aproximadamente, entrará en vigor, tras ser publicada en el BOCAM.

En el caso del comercio carnal, la ordenanza establece la potestad de los agentes municipales de persuadir a vendedores y clientes para que abandonen sus negociaciones o prácticas, ya sea en la vía pública o dentro de algún vehículo a la distancia indicada. De hacer caso omiso, no se librarán de la multa.

Con esta medida, la Ciudad Complutense se convierte en la primera de la región en sancionar el ejercicio de la prostitución con multas a clientes y meretrices. Con ello, se suma a la lista de regulaciones de otros ayuntamientos que sancionan esta cuestión, entre los que se encuentra el de Barcelona, el pionero en 2006 —cuyos resultados no están siendo los es perados—, o los de Granada y Málaga. «No se trata de ilegalizar dichas prácticas, puesto que no es competencia municipal; lo que pretendemos es alejarlas lo más posible de entornos muy transitados, por lo que es una medida disuasoria», explicaron ayer desde fuentes municipales. Además, precisaron que el castigo a la prostitución no obedece a que ésta, enclavada tradicionalmente entorno a la A-2 (polígono de La Garena), se haya trasladado hacia el casco urbano, «sino a la necesidad de poner límites».

Las pintadas, 10 veces más

Pero la «superordenanza» regula numerosas cuestiones —dado que aúna catorce ordenanzas municipales— algunas, gravadas con cantidades más elevadas: de 300 a un millón de euros. Es el caso de los grafitis y las pintadas en cualquier tipo de superficie: pared, elementos del espacio público, interior o exterior de equipamientos, transportes públicos, etc. Hasta ahora, las pintadas llevaban aparejada una multa de hasta 600 euros, por lo que va a salir diez veces más caro incumplir la norma.

Hasta medio millón de euros costarán los actos vandálicos contra el mobiliario urbano, la mendicidad y la venta ambulante. Igual que todos los actos que atenten contra la dignidad de las personas: menosprecio a su dignidad, comportamientos discriminatorios de contenido xenófobo, racista o violento, y el acoso y o agresión entre menores, considerando de extrema gravedad las conductas anteriores en caso de ancianos y discapacitados.