Los delitos que atribuye Alaya a los exconsejeros blindados por el PSOE

A la que fuera primero viceconsejera y luego consejera de Economía, la implica porque recibió en julio de 2005 el informe adicional de la Intervención General con reparos al sistema de los ERE para enviárselo a su jefe, José Antonio Griñán. «Es lógico pensar que se lo comunicara al consejero de Hacienda y conociera los detalles», afirma. E insiste en que hay «constancia documental» de que recibió, al menos en tres ocasiones, los expedientes relativos a propuestas de acuerdo del Consejo de Gobierno para las actuaciones de control financiero para las empresas publicas, en cuyas memorias se evidenciaban las irregularidades en el uso de las transferencias de financiación y que no eran exclusivas de IDEA sino que otras consejerías también las utilizaban.

Del exconsejero de Innovación, la juez dice que «tuvo pleno conocimiento» de la ilegalidad en la que participaba la Consejería de Empleo y participó en la elaboración del anteproyecto de presupuesto de IDEA entre 2005 y 2009. Unos anteproyectos «en los que falseaba el estado de gastos» para contrarrestar los ingresos de las transferencias de financiación. «Resulta imposible pensar que no conociera con fidelidad y exactitud el sistema de ayudas del programa 31-L de la Consejería de Empleo» ya que dicho sistema pudo llevarse a cabo «con la colaboración imprescindible del consejero de Innovación». En su etapa se pagaron ayudas por valor de más de 287 millones de euros por el sistema de las transferencias de financiación.

La instructora dice que el exconsejero de Economía formaba parte del «grupo de expertos» que elaboraban los presupuestos y examinaban contenido y ejecución de cada programa. Yque «debió conocer» el estado de gastos de la Consejería de Empleo y la fuente de financiación que eran las transferencias de financiación de la Consejería de Empleo. También recuerda que, como miembro del consejo rector de IDEA, votó a favor de los convenios suscritos entre esta y la Consejería de Empleo para el pago de las subvenciones. Ávila no opuso reparo alguno y votó favor de los convenios para las ayudas.

La exposición razonada recuerda que el exconsejero de Empleo participó en la elaboración de los presupuestos y analizó como se iba a desarrollar la partida 31-L. Afirma que cuando aprobó la orden de abril de 2011 y posteriormente de marzo de 2012 reconoció «indiciariamente el reconocimiento de que la actuación de la Consejería de Empleo supuso la concesión de ayudas al margen absolutamente de los procedimientos y controles legalmente previstos». Según la juez, en virtud de resoluciones que «desbordarían de manera clara y diáfana la legalidad, se produjo un uso ilícito de fondos públicos de más de 52 millones de euros».