La fiscalía catalana consideró «inviable» querellarse contra Mas por desobediencia

El posicionamiento de la fiscalía catalana se había perfilado en dos reuniones celebradas el viernes y el lunes, en las que los nueve miembros de esta institución se centraron en valorar la viabilidad de acusar a Mas de un único delito: el de desobediencia.

El debate comenzó el viernes y, al no llegar a un consenso -«dos o tres» de los nueve fiscales sí veían viable acusar a Mas de desobediencia -, la reunión continuó el lunes por la mañana, cuando por unanimidad se posicionaron en contra de presentar la querella.

Todo esto sucedió después de que la fiscalía catalana desechara la semana pasada aceptar un borrador de querella que les había remitido la Fiscalía General del Estado, en el que se apuntaba a Mas y a la vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, no solo por desobediencia sino también por prevaricación y usurpación de funciones.

Fuentes judiciales han asegurado a Europa Press que los fiscales catalanes consideraron entonces que no había argumentos jurídicos para acusarlos de prevaricación e incluso vieron «extravagante» intentar incluir el delito de usurpación de funciones.

Este rechazo al borrador propició la convocatoria de una reunión en la sede de la Fiscalía General en Madrid con el fiscal superior de Catalunya, José María Romero de Tejada, y su «número dos», Francisco Bañeres.

Al término de esa reunión, la Fiscalía emitió un comunicado en el que señalaba que «la Fiscalía Superior de Catalunya dará cuenta al fiscal general del Estado de la decisión que adopte en el marco de los principios de legalidad e imparcialidad que rigen la actuación del Ministerio Público».

Fue entonces cuando los fiscales catalanes decidieron reunirse para valorar si podría actuarse por desobediencia, y en este aspecto se centraron en las dos reuniones hasta que optaron por consenso aparcar la querella.

Esta es la negativa que llevó a Torres Dulce a convocar para este miércoles una Junta de Fiscales de Sala --cúpula fiscal--, dadas las discrepancias entre los fiscales catalanes y el propio fiscal general, que sí considera que debe formularse la querella.

La decisión que adopte la Junta de Fiscales de Sala será, en todo caso, no vinculante, y la decisión última dependerá de Torres-Dulce, que trata así de obtener el respaldo de la cúpula del Ministerio Público en una actuación rechazada por los fiscales catalanes.