La «ley Sinde» 2.0 recibe el último apoyo del Congreso

La «ley Sinde» 2.0 (la versión 1.0 se modificó por el acuerdo entre PSOE, PP y CiU en el Senado ) ha dado este martes su último paso en el Congreso antes de entrar en vigor. El pacto que ha permitido introducir mayores garantías judiciales en el cierre de las páginas web y aprobar una modificación del canon digital se ha cumplido a rajatabla y, pese a las feroces críticas del resto de los grupos parlamentarios (el PNV no intervino en el debate, pero se opone igual), la «ley antidescargas» ya es una realidad , con 323 votos a favor, 19 en contra y una abstención.

En verdad, la «ley Sinde» no es una ley, es una disposición final de la Ley de Economía Sostenible , que a su vez es una especie de batiburrillo de medidas inconexas con el que José Luis Rodríguez Zapatero quería cambiar el modelo productivo en España, y de paso «colar» por la puerta de atrás el cierre de páginas web. Al final, de su ley «estrella» sólo ha sobrevivido para la opinión pública la «ley Sinde», y desde ayer la corrección del Gobierno en energía nuclear.

La «ley Sinde» 1.0 fracasó de forma estrepitosa en el Congreso el 21 de diciembre , por la falta de apoyos que tuvo el Gobierno. De hecho, sólo se acercó al PP unas horas antes de la votación, y así fue imposible el acuerdo. Tras caer en la Cámara Baja, los socialistas buscaron una segunda oportunidad en la Alta, el Senado. Ahí sí que fue posible el pacto en enero, tras ceder el Gobierno en dos puntos clave.

Por un lado, aceptó una modificación en el concepto de canon digital . Este punto quedó así: «El Gobierno, en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la presente ley, mediante real decreto y con plena conformidad al marco normativo y jurisprudencial de la Unión Europea, procederá a modificar la regulación de la compensación equitativa por copia privada». El Gobierno debe ejecutar ahora la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que prohibía la imposición del canon de forma indiscriminatoria.

Por otro lado, el PP logró introducir en la versión corregida de la «ley Sinde» mayores garantías judiciales en todo el proceso de cierre de una página web de descargas de contenidos sujetos a derechos de autor. Así, ahora será imprescindible la autorización judicial para la identificación de los prestadores de servicios en internet y otra autorización judicial previa para ejecutar medidas de cierre de las páginas que conculquen la ley o la retirada de los contenidos.

En el último debate del Pleno del Congreso, los grupos pequeños se empacharon de críticas al Gobierno y a sus socios eventuales para sacar adelante esa disposición final. Desde CiU, el diputado Josep Sánchez Llibre defendió el pacto y destacó que la «ley Sinde» no va en contra de los usuarios. «Sólo se aplicarán medidas contra el prestador que esté lucrándose o produciendo daño por el mal uso de una propiedad intelectual», explicó.

Una vez aprobada y publicada en el Boletín Oficial del Estado, el Ministerio de Cultura iniciará el desarrollo normativo de la ley antidescargas, que podría ponerse en marcha de forma operativa el próximo verano verano, según afirmó la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde , la semana pasada