Ángeles González-Sinde, ayer en el Senado - EFE

El PP arranca al Gobierno un cambio de la ley Sinde con más protección

CiU se sumó al acuerdo para aprobar la ley antidescargas en el Senado, tras su fracaso en el Congreso

mariano calleja
madrid Actualizado:

La «ley Sinde 1.0» ha pasado a mejor vida. Viva la nueva «ley 2.0». El acuerdo que cerraron ayer por la tarde el Gobierno, el Partido Popular y CiU modifica de forma sustancial el contenido de la ley antidescargas que fracasó con estrépito en el Congreso el pasado mes de diciembre, al introducir mayores garantías judiciales y una modificación del canon digital. El Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero se ha visto obligado a ceder a las exigencias de la oposición para poder sacar adelante en el Senado esta Disposición Final segunda conocida como ley Sinde, que está incluida en la Ley de Economía Sostenible.

Tras una jornada de intercambios de papeles, propuestas y contrapropuestas, la nueva enmienda pactada saltó por fin pasadas las ocho de la tarde. La portavoz del Grupo Popular, Soraya Sáenz de Santamaría, se había dedicado a pulir las propuestas que llegaban y a dejar claras las líneas rojas que defendió su partido desde el primer momento: mayores garantías judiciales ante el cierre de páginas web y una modificación del canon digital.

Finalmente, en la Disposición Final Segunda de la Ley de Economía Sostenible se introduce una disposición adicional nueva, sobre la modificación de la compensación equitativa por copia privada, el canon digital. Dice así: «El Gobierno, en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la presente ley, mediante real decreto y con plena conformidad al marco normativo y jurisprudencial de la Unión Europea, procederá a modificar la regulación de la compensación equitativa por copia privada». El Gobierno tendrá que ejecutar así la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que prohibía la imposición del canon de forma indiscriminatoria.

La otra pata fundamental del acuerdo se refiere a las garantías judiciales, punto débil de la ley Sinde 1.0 que le llevó a su primera derrota parlamentaria, y que se ha mejorado en la versión 2.0. De hecho, ahora será imprescindible la autorización judicial para la identificación de los prestadores de servicios en internet y otra autorización judicial previa para ejecutar medidas de cierre de las páginas que conculquen la ley o la retirada de los contenidos.

Los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo tendrán la potestad de interrumpir la prestación de servicios o retirar contenidos que vulneren la propiedad intelectual y deberán dictar una resolución, a petición de los órganos competentes, previa audiencia del Ministerio fiscal, en un plazo de 24 horas siguientes a la petición.

Los populares entienden que se logra así la plena protección de los artículos 18 y 20 de la Constitución, sobre el secreto de las comunicaciones, la libertad de expresión y el derecho a la información.

Comisión en Cultura

Además, se crea en el Ministerio de Cultura la Comisión de Propiedad Intelectual, como órgano colegiado de ámbito nacional, para el ejercicio de las funciones de mediación y arbitraje, y de salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual que le atribuye esta ley. La Comisión actuará por medio de dos secciones. La primera ejercerá las funciones de mediación y arbitraje; la segunda velará, en el ámbito de las competencias del Ministerio de Cultura, por la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual frente a su vulneración por los responsables de servicios de la sociedad de información.

El texto final de la enmienda acordada establece que, ante la posible afectación de los derechos y libertades del artículo 20 de la Constitución, en el plazo improrrogable de dos días siguientes a la recepción de la notificación de la resolución de la Comisión, el Juzgado convocará al representante legal de la Administración, al Ministerio Fiscal y a los titulares de los derechos y libertades afectados a una audiencia. Tras escuchar a todos, el Juzgado tendrá dos días para resolver mediante auto. La decisión que se adopte sólo podrá autorizar o denegar la ejecución de la medida.

El Pleno del Senado aprobará así la Ley de Economía Sostenible en su conjunto, incluida la nueva «ley Sinde 2.0», y remitirá de nuevo el texto al Congreso para que ratifique las enmiendas incluidas.