Parques Nacionales denuncia el vallado construido por un particular en Cabañeros
Ecologistas en Acción ya denunció los hechos la semana pasada
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El Guarda Jefe del Parque Nacional de Cabañeros ha denunciado la instalación de un vallado cinegético sin autorización en una finca privada situada dentro de este espacio protegido. Fuentes del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente confirmaron a EFE que los servicios jurídicos del ... Organismo Autónomo de Parques Nacionales recibieron dicha denuncia interpuesta por el Guarda Jefe con fecha 22 de octubre de 2014. Ecologistas en Acción Castilla-La Mancha denunció la semana pasada ante el Organismo Autónomo de Parques Nacionales que la construcción de un vallado cinegético de nueva planta de una finca particular se introduce más de un kilómetro en el Parque Nacional de Cabañeros. La malla cinegética fue levantada «sin permiso» en la finca Valleleor, en el término municipal de Hontanar, en Toledo, propiedad de la empresa Percacer, perteneciente al empresario Alberto Cortina.
Fuentes del ministerio agregaron que la denuncia ha sido remitida a los Servicios Jurídicos del Organismo Autónomo Parques Nacionales para, si procede, iniciar el correspondiente expediente sancionador.
Según indicó la ONG Ecologistas en Acción en un comunicado la malla cinegética tendría una altura de dos metros y una longitud de 2.085 metros «de los cuales aproximadamente la mitad discurren» dentro del Parque Nacional.
Para hacer el vallado se «habría abierto una calle mediante desbroce de la vegetación en una de las zonas de mayor valor botánico del espacio protegido, ubicada en la parte alta de la cuenca del río Estena, cuyo cauce tuvo que ser cortado para tales obras», agregan los ecologistas. En Cabañeros existen 14 fincas privadas que ocupan 18.000 hectáreas del Parque Nacional, que tiene un total de 40.828. En la mayoría de ellas se practica la caza de ciervo y jabalí, especialmente entre los meses de octubre y febrero; y aunque esta actividad debía finalizar en 2017 con la Ley actual, el PP plantea prorrogarla hasta 2020.
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