El relevo de obispos se atasca por el intento de control en los nombramientos

Sin embargo, la noticia pone en evidencia dos cuestiones sobre el nombramiento de obispos en nuestro país. La primera, obvia, es que la Santa Sede debe revisar su política de secreto pontificio con la que trata de impedir que esta información se conozca antes del día del anuncio. Por si no lo han advertido todavía, un aviso: No funciona. A quienes se les confía, no lo respetan.

Y la segunda, es que la peculiar política de nombramientos de obispos, apoyada con una insólita 'comisión de ayuda al nuncio', lejos de conseguir su objetivo, está paralizando el proceso. La realidad es que, un año después de instituirse, la renovación de los obispos está igual de atascada y una de cada cinco diócesis sigue pendiente de la llegada de un nuevo pastor.

A fecha de hoy, de las 70 diócesis españolas cinco están vacantes y nueve a la espera de que el Papa acepte la renuncia del obispo (por haber cumplido 75 años) y nombre a su sucesor. Si a ello le sumamos la decena que se jubilará el próximo año, nos encontramos con que la Conferencia Episcopal de 2024, la que tendrá que elegir a la nueva cúpula directiva, debería tener alrededor de un tercio de caras nuevas.

Un objetivo que, a día de hoy, parece difícil de alcanzar, pues el proceso natural de nombramientos está lastrado por la comisión impuesta desde Roma, presentada en su momento, como una herramienta para facilitar la labor del nuncio, Bernardito Auza, y asesorarle con los nombres de posibles candidatos. Una insólita solución que para nada contempla el Código de Derecho Canónico que entre las funciones de los nuncios, «en lo que atañe al nombramiento de Obispos», señala que le corresponde «transmitir o proponer a la Sede Apostólica los nombres de los candidatos así como instruir el proceso informativo de los que han de ser promovidos».

En la práctica, los nuncios siempre han tenido que recurrir a su escuela diplomática para mediar con las presiones de los prelados más influyentes. Pero en el caso español todavía se ha complicado más al oficializar estas soterradas influencias con la creación de la comisión, a la que pertenecen, aunque no haya un nombramiento público, el arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Omella y el vicepresidente y arzobispo de Madrid, el cardenal Osoro. También se ha ubicado en ella en algún momento al hoy arzobispo emérito de Valladolid, el cardenal Blázquez; al arzobispo de Zaragoza, Carlos Escribano; y al obispo de León, Luis Ángel de las Heras. El jesuita Germán Arana, muy cercano al Papa y a Omella, también ha colaborado.

Todos eclesiásticos de caché pero con un problema: no se ponen de acuerdo. Las diferencias sobre cómo debe ser el episcopado de la próxima década son evidentes entre ellos, en especial entre Omella y Osoro que, paradójicamente, están entre los obispos que han ya presentado su renuncia al Papa, por más que sus cargos en la Conferencia Episcopal parezcan blindarles hasta la primavera de 2024. De esta forma, Omella y Osoro no sólo tienen en sus manos la decisión sobre los futuros obispos de España, sino también sobre quién les sucederá, quién será el arzobispo que les acoja, ya en calidad de eméritos, cuando inicien su jubilación. Otro hecho insólito.

En la práctica, sin necesidad de esa comisión, las normas vaticanas, ya establecen que el nuncio consulte los nombres de los candidatos tanto con el presidente de la Conferencia Episcopal como con los arzobispos, cuando la diócesis implicada pertenece a su provincia eclesiástica. En eso, Omella ya tenía una mayor influencia, multiplicada por el hecho de pertenecer, desde 2014, al dicasterio para los Obispos, encargado en última instancia de validar la propuesta de los nuncios y sugerir la opción final al Papa. Aunque ahora, en algunos sectores eclesiales existen dudas de si el arzobispo de Barcelona sigue perteneciendo al organismo vaticano. Omella asegura que asiste a las reuniones, pero su nombre no aparece ni en el boletín de la Sala Stampa que anunciaba los nombramientos del dicasterio el pasado julio, ni en el elenco de miembros que facilita la página web del Vaticano.

Pero, mientras esas consultas era un paso más en un proceso ordinario y la decisión final recaía en el nuncio, en el caso español, el legado pontificio se ve condicionado por esa soterrada lucha en la 'comisión de ayuda' y obligado a pactar con ellos, uno a uno, cada nombre de las ternas que presenta al Papa. Eso ha provocado que un procedimiento, que ya es largo de por sí —pues requiere un amplio plazo de consultas— todavía se vea enredado más cuando los nombres que lleva el nuncio a la comisión son descartados por completo, lo que le obliga a comenzar de nuevo. Así, el retraso actual es comprensible.

A esa lentitud, se suma el planteamiento cortoplacista que parece intuirse en algunos casos. Da la impresión de que alguna de los nombramientos está más dirigido a sacar al candidato de la carrera para diócesis clave, que a cubrir a la que es enviado.

Un ejemplo está en el proceso de renovación del arzobispo de Valladolid. En junio, cuando el Papa aceptaba la renuncia del cardenal Blázquez, ya con 80 años cumplidos, el inusitado periodo de prórroga era interpretado por algunos como un reconocimiento de Francisco a su labor y entrega. En realidad, la razón última era más prosaica: no se ponían de acuerdo para elegir su sustituto.

Aunque la opción de Luis Argüello, quien finalmente le sucedió, podía parecer la más natural en 2016 cuando fue nombrado obispo auxiliar, su paso por la Secretaría General de la Conferencia Episcopal, le ha dado una gran visibilidad pública y ha mostrado sus dotes de negoción. Una relevancia que hacía presagiar para él un destino en una de las diócesis clave españolas al acabar su mandato en la Conferencia, previsto para noviembre de 2023.

Sin embargo, todo se urdió para que acabara en Valladolid. «Desvestir a un santo para vestir a otro», lo define una fuente cercana al episcopado. Y es que su marcha ha obligado a iniciar el proceso para elegir un nuevo secretario, cuando aún le quedaba un año en el cargo. Pero a nadie se le escapa, que, ya en Valladolid, su nombre queda fuera en la sucesión de Valencia, Barcelona o Madrid —sobre todo esta última— que siguen pendientes de renovación. En noviembre de 2023, con un Osoro con 78 años y a unos meses de dejar la vicepresidencia, Argüello habría sido el candidato indiscutible para arzobispo de Madrid. Ahora la puerta está cerrada.

En la llegada de Benavent a Valencia cabría una interpretación similar. Sobre el papel es el candidato ideal para sustituir a Omella en Barcelona. Es de los pocos obispos en la iglesia catalana que no está a punto de jubilarse, la conoce bien después de 9 años en Tortosa y tiene un consolidado prestigio entre el episcopado. Además, con el valenciano como lengua materna, cumple el requisito 'sine qua non' del 'volem bisbes catalans!', que inspira estos nombramientos desde hace décadas.

Pero si finalmente sustituye al cardenal Cañizares, quedará fuera de la sucesión de Barcelona. Con el agravante de que Valencia, para Benavent —como Valladolid para Argüello—, es su diócesis de origen, donde ha crecido como sacerdote y donde ha forjado filias, y fobias, con los que un día eran sus compañeros y ahora estarán bajo su mando. Un inconveniente que hasta ahora se había tenido muy en cuenta desde el Vaticano, pero que se ha obviado en estos últimos casos.

En todo caso, se cubrirá una diócesis, pero quedará vacante otra y el número de obispos pendientes de nombramiento seguirá siendo el mismo. Un eterno bucle que parece condenar a un tercio de las diócesis españolas a vivir en la interinidad mientras se entrevén las luchas intestinas por el control.