La OCDE insta a España a quitar la jornada continua y pagar más a los docentes para luchar contra el abandono escolar temprano

Por ello, el organismo ha puesto sobre la mesa, entre otras propuestas, la eliminación de la polémica jornada continua (mayoritaria en los centros públicos de educación Infantil y Primaria de casi todas las comunidades). El informe dice que «en España, muchos centros funcionan con un horario intensivo y centrado en las mañanas» y que además, «cerca del 47% de los hogares pagan clases extraescolares para sus hijos, más de la mitad de las cuales se corresponden con clases de apoyo sobre materias curriculares en el caso de los hogares de ingresos bajos». Sin embargo, la OCDE insta a seguir el ejemplo de países como Dinamarca y Portugal, que «han pasado a sistemas flexibles de jornada completa, con un aumento de la prestación de comedores escolares y actividades extraescolares».

Así, la OCDE dice que nuestro país «podría considerar la posibilidad de adoptar un enfoque similar por las ventajas que podría aportar, en particular para los alumnos desfavorecidos. Se ha demostrado que pasar más tiempo en el centro educativo permite elevar las tasas de graduación y mejorar el aprendizaje y otros indicadores sociales y conductuales. Las investigaciones tienden a corroborar que estas ventajas son más notables en el caso de los alumnos desfavorecidos».

Para hablar de la realidad de jornada continua o matinal en España, la OCDE cita otro estudio del Centro de Políticas Económicas EsadeEcPol que avisaba de que aparte de disminuir el rendimiento, supone una pérdida de 8.048 millones de euros al año para las familias y que las más perjudicadas son las madres.

Otra de las propuestas pasan, según la OCDE, por pagar y formar más a profesores. «Los datos demuestran que se necesita una inversión mayor y sostenida en el desarrollo de la capacidad de los educadores para gestionar la diversidad en las aulas y atender las necesidades de aprendizaje y bienestar del alumnado», dice el trabajo. Cita, además, otro informe que pone de manifiesto que «los docentes españoles se enfrentan a la inestabilidad laboral y necesitan un mayor desarrollo profesional».

La OCDE recuerda que «en 2020, aproximadamente un tercio (33%) de los docentes de secundaria tenían un contrato temporal (el promedio de la OCDE es del 18%) y el 27% tenían un contrato de una duración inferior a un año, lo cual menoscaba la capacidad de los centros para formar equipos estables (...), que son esenciales para fomentar las aptitudes necesarias para detectar, prevenir y afrontar el abandono escolar temprano».

En la misma línea citan el famoso estudio Talis (algo así como el informe PISA de los docentes) del año 2018, que dice que «solo el 48% de los docentes de la educación secundaria obligatoria declararon haber recibido formación sobre el contenido, la pedagogía y la práctica en el aula de las materias que imparten durante la formación inicial del profesorado, un porcentaje que está muy por debajo del promedio del 79% al nivel de la OCDE».

Talis 2018, continúa el informe, «también constató que en España los docentes de la educación secundaria obligatoria, una vez finalizada la formación inicial del profesorado, se sentían mucho menos preparados para dar clase a alumnos con diversos niveles y necesidades que sus colegas de otros países de la OCDE –solo el 28% declararon sentirse «preparados» o «muy preparados», en comparación con el promedio del 44% en la OCDE».

La OCDE entiende que esta menor preparación puede deberse a los procesos de contratación y selección de los aspirantes a docentes. «En la actualidad, las universidades no tienen en cuenta las aptitudes socioemocionales de los candidatos, y el proceso de selección de los docentes para acceder a la función pública hace hincapié en la acumulación de conocimientos por encima de las aptitudes pedagógicas y las competencias socioemocionales". Así, el organismo remarca que "la contratación y selección de los docentes también debe garantizar que los perfiles representen mejor la diversidad del alumnado una cuestión que requiere mayor atención política en España".

El trabajo también le da un tirón de orejas a España respecto a la FP, una ruta que puede contribuir a luchar contra el abandono. "España presenta una baja tasa de alumnos matriculados en la FP de nivel de secundaria en comparación con otros países de la OCDE, con una oferta educativa y formativa que es insuficiente y que está distribuida de manera desigual en determinadas zonas, lo que limita las opciones de los alumnos».

Otra cuestión sobre la que la OCDE llama la atención es respecto a los centros vulnerables. Resala que si bien varios de los programas contra el abandono en España van dirigidos a los mismo, "no existe ni una definición ni una medición comunes a nivel de todo el país que permita saber qué convierte a un centro educativo en vulnerable". Avisa que "las diferentes interpretaciones entre las comunidades ponen en peligro la asignación equitativa de los recursos a los centros en las distintas zonas del país. Esto ha dado lugar a diferentes capacidades de los centros y las autoridades locales a la hora de responder a las necesidades individuales de aprendizaje del alumnado y de combatir el abandono".

En respuesta, se ha puesto sobre la mesa la elaboración de un «índice de centros vulnerables» común para la asignación equitativa de los recursos a los centros en función de sus necesidades. La OCDE insta, además, a España se fije "en el ejemplo de Irlanda, que creó un índice similar (...) para dar prioridad a los centros con el nivel más elevado de alumnos desfavorecidos y para garantizar de forma sistemática que los recursos se asignen en función del grado de desventaja de cada centro".

El problema del abandono ha llevado al Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) a solicitar la ayuda de la Dirección General de Apoyo a las Reformas Estructurales de la Comisión Europea, tal como reconoce el propio informe, en apoyo de la ejecución de su programa de reformas orientadas a la reducción del abandono escolar temprano en todas las comunidades autónomas de España y en las ciudades de Ceuta y Melilla.