Las monjas de Belorado pretenden que Iceta pague la seguridad privada que quieren contratar para el monasterio

A las 23 horas del jueves llegaba la respuesta del arzobispado de Burgos al mensaje que la comunidad había publicado tres horas antes. La diócesis ha comenzado recordando que el «representante legal de los monasterios de Belorado, Derio y Orduña es el comisario pontificio a todos los efectos, en el ámbito tanto canónico como civil». Por esa razón, han señalado que «tiene el derecho y el deber de velar, ante todo, por las personas que habitan el monasterio, de modo particular por las hermanas mayores, los trabajadores contratados, la gestión adecuada de los movimientos financieros, así como la gestión de todos los bienes muebles e inmuebles».

Sin embargo, ante ese encargo, «las hermanas han impedido en todo momento y por todos los medios que el comisario pontificio y la comisión gestora cumplan con el cometido para el que han sido nombrados», lamenta el comunicado. Y especifica que la comunidad «no ha realizado la entrega de una copia de las llaves de los monasterios, como legítimamente se les requirió», lo que es entendido como un intento «de impedir al comisario pontificio la realización de su cometido».

Las religiosas habían explicado en su escrito de las 8 de la tarde que tampoco aceptaban la ayuda económica que les habían ofrecido desde el arzobispado al cambiar la firma en las cuentas porque supondría «de facto, el reconocimiento de la legitimidad de la usurpación» por parte de Iceta. Sin embargo, lo chocante es que la representatividad que no le reconocen para el mando, sí se la otorgan a la hora de reclamarle el pago de un nuevo servicio que han decidido contratar, el de seguridad privada para la puerta del monasterio.

Según el arzobispado, desde el correo electrónico del monasterio de Belorado recibieron el martes 11 una comunicación con el siguiente mensaje: «nos vemos en la obligación de contratar un servicio de seguridad privada que proteja y defienda de ataques contra la intimidad. Entendemos que el arzobispo debe asumir los costes de este servicio». Ante ello, la diócesis hace notar que «aquí sí se reconoce la autoridad del arzobispo, además se le cita así, «arzobispo». También se pide el pago de un servicio que, según el correo, va a contratar el monasterio. No se dice ni qué empresa, ni en qué condiciones». Y añaden que «llama la atención que se pida dinero para este servicio, pero no para la compra de género para la vida ordinaria de todos los miembros de la comunidad, la materia prima para la elaboración de productos, alimento de animales u otros gastos».

Una contradicción que pone en evidencia que el comunicado de las monjas, lejos de sólo mostrar «la realidad que estamos viviendo y no parece de interés para los medios de comunicación», como ellas afirmaban, tenía otra intención oculta. Una pretensión que había pasado desapercibida en un primer momento porque la habían incorporado en un mensaje de su post que, por razones técnicas, no podía ser leído.

Pero cuando lo han subsanado unas horas después, añadiendo el mensaje desaparecido como una foto a su historia de Instagram, se ha podido conocer que su verdadera intención había sido desde el principio la de facilitar el número de una cuenta corriente, «no usurpada» según ellas, a la que se puedan hacer donativos. Una cuenta que no pertenece a la comunidad, sino que es personal a nombre de Laura García de Viedma, el nombre civil de sor Isabel de la Trinidad, la destituida alcaldesa.

En todo este lío financiero, ante la acusación hecha por las monjas de que los bancos, al aceptar el cambio de firma en las cuentas han incumplido la ley, el arzobispado defiende que «las entidades bancarias han actuado absoluta y escrupulosamente dentro de la legalidad vigente». Además, explican que «se ha tenido acceso a las cuentas corrientes que ha sido posible identificar, ya que las hermanas no han facilitado en absoluto ni el conocimiento ni el acceso a las mismas».

Un extremo que, en cierta forma habían confirmado las propias monjas en su comunicado, al reconocer que algunas cuentas de Orduña, «desde las que se tienen que realizar los pagos periódicos para zanjar las obras del monasterio», no se había cambiado todavía la firma. Sin embargo las monjas no han especificado cuál fue el destino de los 720.000 euros que obtuvieron de la hipoteca del monasterio de Derio en marzo de 2023, puesto que no han ido a pagar las cuotas de Orduña, ni tampoco las obras allí realizadas, puesto que reconocen que todavía se realizan pagos por este concepto.

El arzobispado también ha querido dejar claro en la nota lo que lleva repitiendo desde que se conoció que había cambiado la firma en las cuentas, que «en ningún caso existe la más mínima intención de condicionar económicamente a la comunidad» y que su posición sigue siendo de «mano tendida». Por ello recuerdan que el jueves 6 de junio, «sor Carmen, que es la secretaria y ecónoma de la federación de las Clarisas, fue enviada por el comisario pontificio al monasterio, precisamente para tomar contacto con las hermanas y pedirles que le comunicaran sus necesidades económicas con el fin de atenderlas de modo inmediato». Sin embargo, «no se le recibió, ni siquiera le dejaron hablar; se le dijo que no era bien recibida, instándole a abandonar el monasterio y llamando a la Guardia Civil», recuerdan.

Ante eso, la notaria que le acompañó, «única persona a la que se permitió acceder al monasterio, comunicó a la comunidad el modo de establecer la interlocución de las cuestiones económicas con la secretaria y ecónoma de la federación, precisamente para poder atender a todas sus necesidades. No han hecho uso de esta vía». Por esa razón desde el arzobispado « se está trabajando con las entidades bancarias para que no exista ningún problema de pago a quienes legítimamente tienen derecho al cobro: suministros, nóminas, recibos, etc», han explicado.

En ese sentido, «ningún empleado de los monasterios ha acudido al arzobispado a poner ninguna queja. Al contrario, a aquellos con quienes se ha podido contactar, se les ha asegurado que se seguirá al corriente de los pagos tal y como se ha realizado hasta el momento», han apuntado. Por otro lado señalan que siguen «a la espera de que las hermanas nos comuniquen los importes necesarios que requieren para los gastos habituales de la vida ordinaria. Hasta el momento no lo han hecho».

El comunicado del arzobispado finaliza con la reiterando a las monjas que les «comuniquen las necesidades concretas para afrontar los gastos ordinarios de la comunidad» y condenando «cualquier eventual falta de respeto o intromisión en la vida del monasterio». «Seguimos a la espera de que la comunidad realice algún gesto que posibilite la vía del diálogo», concluye.