La revuelta de las monjas de Belorado: el obispo testaferro, una trama inmobiliaria y la superiora díscola

Fue hace un mes, el 13 de abril, cuando la presidenta de la Federación de Nuestra Señora de Aránzazu -que agrupa la provincia de Cantabria de las Hermanas Clarisas- daba la señal de alarma al arzobispo de Burgos, al manifestarle su sospecha de la «posible comisión de un delito de cisma» por parte de las monjas de Belorado.

«Vemos movimientos extraños, nos llegan informaciones preocupantes», advertía entonces la madre federal a Mario Iceta, máximo responsable de la diócesis burgalesa, según ha sabido este diario. Ante la sospecha, el arzobispo de Burgos y los obispos de Vitoria y Bilbao -las tres diócesis en que se encuentran los monasterios implicados- abrían una investigación, que contaba con la aprobación de la Santa Sede.

Noticia Relacionada

De Rojas El obispo excomulgado que acoge a las monjas cismáticas de Burgos y pide donativos en Instagram

José Ramón Navarro-Pareja

En realidad, los movimientos sospechosos y las dudas se habían iniciado meses antes. Como ya explicó ayer este diario, el problema de fondo es la incapacidad de la comunidad de cumplir el contrato de comprar del monasterio de Ortuña (Álava), al que se habían trasladado en 2020 y que pensaban sufragar con la venta del edificio que habían abandonado, otro cenobio de moderna construcción en Derio (Vizcaya). En la práctica, esas monjas que se movían de un monasterio al otro pertenecían también a Belorado (Burgos), una comunidad con dos sedes.

Pero la venta de Derio nunca se ha concretado, lo que las religiosas achacan al bloqueo por parte del Vaticano, que, según ellas, estaría negando el preceptivo permiso que la Santa Sede debe dar para toda operación realizada por una institución eclesial que supere el millón y medio de euros. El Código de Derecho Canónico establece que, en estos casos, el Vaticano debe autorizar la venta para lo que, previamente, pide opinión -denominada eclesialmente voto- al obispado en que se encuentre el inmueble. Sobre la cuestión concreta, según han informado a este diario fuentes eclesiales, «la diócesis de Bilbao [donde está ubicado Derio] no tiene conocimiento de esta operación ni le ha llegado la petición de voto de esta venta, lo que hace sospechar que tampoco se ha solicitado al Vaticano por parte de las religiosas».

Noticia Relacionada

Las clarisas de Burgos rompen su silencio en Instagram: «Paciencia, lo iremos explicando»

Isabel Jimeno

Las monjas del monasterio burgalés aseguran que «no se van de la Iglesia» e inciden en su «deseo de ser fieles a Cristo»

Lo cierto es que la comunidad de clarisas, aunque alega el bloqueo de Roma, no tiene un comprador para el abandonado edificio de Derio. Esa es la razón por la que en el proceso de compra del monasterio de Orduña -que había firmado en octubre de 2020 pero en la que no hacía frente a los pagos desde noviembre de 2022- introdujo un tercer elemento cuando fue requerida para el cumplimiento del contrato. El pasado marzo, sor Isabel, la abadesa, afirmaba contar el aporte de un «benefactor» dispuesto a actuar como testaferro de la comunidad religiosa. El desconocido personaje «comprará y pondrá a su nombre el monasterio», aunque ofrecerá su uso a las religiosas hasta que estas puedan vender el edificio de Derio y recomprarlo.

Sor Isabel, que como abadesa decía ser la única conocedora del nombre de este supuesto benefactor, se negó a desvelar su identidad. Desde el obispado comenzaron las sospechas de que «esa persona era ajena a la Iglesia católica» y la figura del obispo sedevacantista excomulgado, Pablo de Rojas, comenzó a desvelarse como el ideólogo de la operación.

En la práctica, lo que estaba en juego era el control y propiedad de los edificios que ocupaban las monjas, y la Pía Unión de San Pablo Apóstol -la entidad creada por De Rojas para dar cobertura legal a su supuesta Iglesia- parecía haber encontrado una fórmula para hacerse con el control último de ellos, ante la imposibilidad de las monjas para asumir el pago de su contrato. Como desvelaba ayer a los medios de comunicación José Ceacero, el supuesto sacerdote de esta institución que desde el lunes atiende a las clarisas, la Pía Unión es conocedora de que el monasterio pertenece a la comunidad de clarisas. No es difícil deducir que si esta se desvincula en bloque de la Iglesia católica, seguirá manteniendo los derechos sobre el edificio.

Al contrario que en las parroquias o en las órdenes religiosas, en que los bienes y la jurisdicción última está en manos de los obispos o de los superiores generales, buena parte de los monasterios de clausura son autónomos, y aunque están federados, como el caso de Belorado, la representación legal recae en la abadesa, que sólo rinde obediencia, en caso extremo, al Papa. De esta forma, si se consuma la ruptura con la Iglesia católica, el obispo y las orden de las clarisas podrían perder cualquier jurisdicción tanto sobre el edificio como sobre la comunidad. Es decir, que el permiso para vender Derio, que según las monjas Roma está bloqueando, ya no sería necesario.

A todo el entramado se suma otro condicionante. La actual abadesa, Sor Isabel, acababa su mandato a finales de este mes. El 29 de mayo estaba prevista la elección de su sucesora, dado que, tras varios mandatos consecutivos, ya no podía ser reelegida según el Código de Derecho Canónico. Ahora, tras el anuncio de cisma, la elección se ha paralizado, y sor Isabel sigue siendo la máxima responsable. Un elemento importante, puesto que, aunque habla de una decisión tomada por unanimidad, ha sido la única en firmar las cartas y en plantear la posición común.

Preguntado por este diario, el arzobispo de Burgos, Mario Iceta, ha asegurado que su prioridad es dialogar con esta comunidad de religiosas. «Quiero hablar una a una con todas las religiosas. Ojalá pueda hacerlo más antes que tarde». De momento, las religiosas no parecen dispuestas a esa conversación.