Las monjas de Belorado acusan a las entidades bancarias de no cumplir la «legalidad vigente» al quitarles el control de las cuentas

En un escrito en el que también condenan el «revuelo mediático» creado en torno al monasterio, acaban en lo que parece una más de sus contradicciones. Por una parte, lamentan la asfixia económica a la que , según ellas, se ven sometidas y que incluso sus trabajadores se han visto «impelidos a ir al obispado de Burgos, a reclamar lo que por derecho les pertenece», pero, sin embargo finalizan planteándose «como necesaria la contratación de servicios de seguridad privada, para garantizar en lo posible nuestra integridad física y la conservación del patrimonio». Lo que no explican es si le pagarán ellas, o también los encauzarán hasta el arzobispado de Burgos para que satisfaga los honorarios.

Desde la diócesis burgalesa han explicado a ABC, a raíz de estas declaraciones, que «en ningún momento se trata de un estrangulamiento económico, lo único que hemos hecho es poner el control de las cuentas bajo su legítimo representante, que ahora es el comisario pontificio». Además, también recuerdan que el pasado jueves, cuando una representación del arzobispado acudió al monasterio una de las integrantes, sor Carmen Ruiz, secretaria de la Federación de Clarisas tenía dos encargos: «Poder hablar con las monjas más mayores y ofrecerse como medio de contacto para que pudieran recibir toda la asistencia económica que necesitasen, pero no le dejaron entrar al monasterio». Sin embargo, las monjas cismáticas sí que son conscientes de este ofrecimiento, que han preferido declinar para no reconocer que el control legal recae en el comisario pontificio.

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Consiguieron 720.000 euros a cuenta del monasterio de Derio que no han utilizado para pagar la compra del de Orduña. El arzobispado de Burgos intenta poner orden en el entramado de cuentas de las religiosas

Desde el arzobispado señalan que «las cuentas no están bloqueadas, sólo ha habido un cambio de firma y se van a pagar todos los recibos y las nóminas cuando llegue el momento». Sobre esta última cuestión, recuerdan que fue el 4 de junio cuando se produjo este cambio de firma, por lo que «la orden de pago para las nóminas de mayo la debieron dar ellas». «Hasta el momento, ningún trabajador ha venido al arzobispado reclamando nada», han añadido.

En su escrito las monjas también aportan un dato sobre sus problemas económicos que puede resultar inquietante, sobre todo a raíz de la última información sobre su crédito hipotecario adelantada por ABC el pasado lunes. Así señalan que Iceta no habría controlado todavía las cuentas «desde las que se tienen que realizar los pagos periódicos para zanjar las obras del monasterio de Orduña».

Desde la diócesis señalan que todavía no se han podido «localizar» todas las cuentas que tienen abiertas las monjas, distribuidas en diversas entidades bancarias. Sin embargo, el hecho de que reconozcan que las obras de Orduña no están pagadas plantea otro interrogante: ¿A dónde han sido destinados los 720.000 euros que ingresaron tras hipotecar el monasterio de Derio? Ya se conocía que no habían ido utilizados para la compra de Orduña, de la que deben todas las cuotas desde el 1 de noviembre de 2022, 300.000 euros en total. Pero se presumía que podían haberse destinado para las obras de acondicionamiento de este monasterio, sobre todo la reparación del tejado, pero ahora desvelan que todavía se deben.

Ahora achacan a Iceta que la intervención de las cuentas «tiene como consecuencia directa la imposibilidad de comprar desde los productos básicos para mantenernos, como el alimento y los materiales de cuidado de las hermanas mayores, hasta la materia prima para la elaboración de nuestros productos de chocolate, alimento para los animales de nuestra granja doméstica, pago de nóminas y demás pagos para mantener a flote el monasterio».

A ello suman la queja de que «el revuelo mediático» -que ellas mismas han contribuido a crear- «parece haber creado un «todo vale» contra las monjas». Y señalan algunos ejemplos como el «lanzamiento de petardos y botes de humo al monasterio de madrugada, gritos, e incluso intrusiones en el perímetro de la clausura, también de madrugada, cámaras ocultas y acoso periodístico a todo aquel que entra o sale del monasterio». Una situación que, según afirman, «nos hace plantear como necesaria la contratación de servicios de seguridad privada, para garantizar en lo posible nuestra integridad física y la conservación del patrimonio».

De hecho, su post lo acompañan de varias fotografías del edificio del monasterio, las lechugas de la huerta, cuatro de los asnos de su granja doméstica, y una imagen del convento que muestra, según dicen, como los «periodistas invaden la propiedad privada aprovechando la entrada de la Guardia Civil». La imagen se corresponde con el episodio vivido el pasado martes, cuando las religiosas llamaron a la Benemérita para denunciar el acoso de los medios de comunicación justo en el momento en que su portavoz, el cura coctelero José Ceacero, había convocado una rueda de prensa a la puerta del monasterio.

Desde un primer momento, los medios allí congregados sospecharon que no era casual la conjunción de ambos acontecimientos. La fotografía que ahora aportan podría probar esta presunción, pues está hecha desde las plantas altas del monasterio, justo en el momento en que la pareja de la Guardia Civil recorre la explanada previa a la puerta, seguidos de varias cámaras y reporteros que registran la situación.

Las religiosas vuelven a insistir en el erróneo argumento jurídico que parece moverles desde el inicio de la crisis y afirman que no pueden entender que «una declaración pública y expresa de abandono de la Iglesia conciliar [como ellas y el obispo excomulgado Pablo Rojas llaman a la Iglesia católica] no tenga el efecto inmediato de nuestra exclusión del ámbito de aplicación del Código de Derecho Canónico». Una idea que también ha repetido en varias ocasiones quien ejerce como su portavoz, el cura coctelero, José Ceacero.

Sin embargo, como han explicado a ABC varios expertos en derecho canónico, el que hayan incurrido en cisma -al no reconocer al Papa ni a los obispos católicos- no impide que cuestiones como su excomunión se sigan tratando bajo esta jurisdicción. Además, en estos momentos, tras el nombramiento por parte de la Santa Sede, el comisario pontificio -el arzobispo de Burgos, Mario Iceta- es el representante legal de la comunidad de religiosas, la propietaria de los conventos y de las cuentas corrientes. Así lo han reconocido, no sólo los bancos al cambiar la firma, sino el propio Ministerio de Justicia en el Registro de Entidades Religiosas.