El Ministerio de Sanidad abre una investigación sobre posibles irregularidades en el Hospital de Torrejón

Sanidad actúa así tras la información publicada este miércoles por 'El País' en la que se muestra mediante un audio cómo el CEO de Ribera Salud, Pablo Gallart, había dado instrucciones para rechazar pacientes o descartar prácticas no rentables en el hospital, que aunque es público está gestionado por la citada empresa privada a través de una concesión pública.

De forma paralela, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha enviado una carta a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la que le pide que esclarezca «con urgencia» si el grupo Ribera Salud ha llevado a cabo «vulneraciones contractuales, asistenciales o éticas» en la gestión del Hospital Universitario de Torrejón. Además, la titular del ministerio reclama que la región investigue también el resto de contratos que mantiene con otras empresas que se ocupan de hospitales públicos de la comunidad.

«Estos hechos, de confirmarse, constituirían una vulneración gravísima de los principios esenciales del Sistema Nacional de Salud y un atentado directo contra los derechos de los pacientes de la Comunidad de Madrid», escribe Mónica García en la carta, en la que insta a Díaz Ayuso a esclarecer si se ha visto afectada la actividad asistencial del hospital, la derivación de pacientes, los tiempos de respuesta quirúrgica o el cumplimiento de los compromisos contractuales de Ribera Salud. De confirmarse, el ministerio insta a que la comunidad extinga la concesión del Hospital Universitario de Torrejón al grupo empresarial. «La ciudadanía madrileña tiene derecho a saber si un hospital público ha sido utilizado para maximizar beneficios privados a costa de su salud y, si así fuera, tiene derecho igualmente a que la gestión sea devuelta al ámbito público», escribe la ministra.

Pero el ministerio insiste además en que estos hechos no se pueden circunscribir únicamente a un hospital y reclama a la Comunidad de Madrid que verifique verificar si estas prácticas «son aisladas» o «forman parte de dinámicas más amplias en el conjunto de centros públicos gestionados mediante concesión privada en la Comunidad de Madrid». «Ello es especialmente relevante dado que, en los últimos años, distintos centros gestionados por otros operadores —como el grupo Quirón Salud— han sido objeto de diversas controversias relacionadas con su modelo de funcionamiento, lo que aconseja reforzar los mecanismos de supervisión y control en todos los hospitales sometidos a este régimen concesional», apunta Sanidad.

El ministerio, prosigue García en la misiva, «no puede permanecer ajeno» ante unos hechos que, considera, pueden comprometer «gravemente la garantía de equidad, calidad y universalidad» de la asistencia sanitaria. «La salud de la ciudadanía madrileña, y la confianza en su sistema sanitario, no pueden quedar al albur de prácticas que anteponen la rentabilidad a la atención digna y en igualdad de condiciones», expone García en la misiva, que pide a Ayuso que le informe de las acciones que va a llevar a cabo y del calendario previsto para las mismas.

Según ha publicado Europa Press, después de que un equipo de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid se personara el miércoles en el centro para constatar in situ la «adecuada prestación de servicio» y anunciara medidas y controles, el CEO de Ribera Salud, Pablo Gallart, pidió a la empresa desvincularse de la gestión del Hospital. La compañía además ha anunciado que llevará a cabo una auditoría «en profundidad».

El grupo empresarial ha asegurado en un comunicado que la «prioridad absoluta» del grupo y su máximo accionista, Vivalto Santé, «son y seguirán siendo sus pacientes». Así, ha garantizado que «el servicio y atención al paciente seguirán teniendo la calidad y el rigor de siempre», informa Mariano Calleja.