El Ministerio de Juventud e Infancia propone ampliar diez años el plazo de prescripción de los delitos sexuales

El objetivo de esta media, según el texto elaborado por el departamento que dirige Sira Rego, es «garantizar un plazo de garantía más amplio teniendo presentes las consecuencias físicas y psicológicas de estos delitos cuando la víctima es menor de edad». La reforma, que implica la modificación del Código Penal, se encuentra en fase de negociación entre distintos ministerios —entre ellos Justicia e Interior— y el Gobierno prevé llevarla al Consejo de Ministros antes de que acabe el año.

Según fuentes del Ministerio, la intención es el que el texto pueda aprobarse en la legislatura actual y que el debate parlamentario comience lo antes posible. «Estamos trabajando para que la ampliación de la Lopivi vaya, como muy tarde, en el mes de diciembre al Consejo de Ministros», ha explicado esta tarde Rego, que ha defendido que se trata de «una cuestión de sentido común y de justicia». La ministra ha subrayado que la medida responde a una demanda de las asociaciones de víctimas de pederastia, especialmente las relacionadas con abusos cometidos en la Iglesia, y ha recordado que los estudios psicológicos demuestran que muchas personas necesitan décadas para poder reconocerse como víctimas y dar el paso de denunciar. «Hay que ser muy garantistas y exigentes para proceder con esto», ha añadido.

En España, los delitos sexuales prescriben en un mínimo de cinco años y en un máximo de veinte, dependiendo de su gravedad. Cabe recordar que la Lopivi ya modificó en 2021 el sistema de cómputo, que hasta entonces comenzaba cuando las víctimas alcanzaban la mayoría de edad.

Además de la ampliación de la prescripción, la reforma incluye otras medidas orientadas a reforzar los derechos de la infancia, como garantizar el derecho de los menores a ser escuchados sin límite de edad, reconocerles defensa letrada propia e independiente de la de sus progenitores y tipificar por primera vez la violencia institucional. También prevé la creación de una comisión de reconocimiento de víctimas de violencia sexual durante la infancia, especialmente en instituciones públicas o privadas como centros educativos, clubes deportivos o la Iglesia.

El Gobierno espera aprobar el texto en torno al 18 de noviembre, coincidiendo con el Día de los Derechos de la Infancia, que se celebra el día 20. «Contiene elementos que tienen mucho que ver con la consolidación de derechos de niños y niñas y con las garantías para erradicar la violencia», destacó Rego, quien recordó que el último informe sobre violencia infantil arroja «datos muy preocupantes» y demuestra la necesidad de reforzar los instrumentos legales de protección.