Los médicos entran en el debate del aborto y recuerdan que la objeción de conciencia no debe conllevar sanciones ni discriminación

El registro de objetores es un listado a cuya creación obliga la reforma de la ley del aborto de 2023 impulsada por Irene Montero. Cada comunidad debe tener la relación con los nombres y apellidos de los profesionales que, aludiendo a su objeción de conciencia, se oponen a participar en abortos. Estos listados se han visto como una forma de señalar a estos profesionales, tal como lamentaban recientemente los colegios de médicos de Madrid y Baleares, que manifestaban su preocupación por que pudieran servir para penalizar a los facultativos en procesos de contratación o promoción. La Organización Médica Colegial (OMC) avisa en un comunicado este lunes que los datos de los médicos objetores «deben mantenerse en secreto y bajo estricta confidencialidad, sin acceso público ni divulgación externa».

Los médicos inciden en que la objeción de conciencia de los médicos es un derecho fundamental, de rango constitucional, reconocido y protegido tanto por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional como por el Código de Deontología Médica. «Es un derecho individual al que puede acogerse quien considere que una ley o mandato va en contra de sus convicciones y creencias», apunta la OMC.

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El registro de objetores, prosiguen basándose en una sentencia del Tribunal Constitucional, no vulnera la Constitución, «siempre que su finalidad sea exclusivamente organizativa y que se mantenga la confidencialidad absoluta de los datos». Así, los médicos abogan por que el acceso a la información quede restringido a las autoridades sanitarias responsables de la planificación, «preservando en todo momento el secreto profesional y la intimidad moral de los inscritos».

Las instituciones, aseveran los médicos, deben proteger a los objetores. «El ejercicio de este derecho no podrá acarrear sanción, perjuicio profesional ni limitación del desarrollo laboral, reforzando el principio de respeto a la libertad individual y a la autonomía moral de los profesionales», dice la OMC. Afirman además los médicos que los objetores no están obligados a justificar los motivos personales que fundamentan su objeción de conciencia, pero sí deben manifestar esa objeción «de forma clara y anticipada, dentro de los cauces organizativos establecidos».