Sánchez amenaza con llevar a Ayuso al Constitucional si no crea el registro de objetores al aborto

«El Gobierno usará todos los instrumentos legales a su alcance para garantizar que los derechos y la dignidad de las mujeres se respetan, también en Madrid. Y, si hace falta, llegaremos hasta la Constitución y el Constitucional», ha publicado el presidente del Gobierno en su cuenta de la red social X.

Sánchez reaccionaba así a las declaraciones que esta misma mañana realizaba la presidenta madrileña, en las que aseguraba que la región no creará ese listado: «No voy a obligar a un médico en la Comunidad de Madrid a actuar contra su conciencia o libertad y y no voy a hacer una lista negra de médicos nunca». Informa Mariano Calleja.

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Elena Calvo

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Tras estas palabras, el presidente del Gobierno ha acusado a la dirigente madrileña de querer «volver a los viajes clandestinos a Londres», «al clasismo y al señalamiento» y de «volver 50 años atrás». También la ministra de Sanidad, Mónica García, ha reiterado que el Ejecutivo utilizará «todas las herramientas jurídicas para que se garantice el aborto en la sanidad pública». «Lo que ha manifestado es que va a incumplir la ley. La señora Ayuso colisiona constantemente con los derechos de las mujeres», ha criticado.

Ya el pasado lunes, Pedro Sánchez envió una misiva a cuatro comunidades autónomas, entre las que se encontraba Madrid, además de Asturias, Aragón y Baleares, en la que les exigía que pusieran en marcha ese registro en un plazo máximo de tres meses. De no hacerlo, escribió el jefe del Ejecutivo, contemplarían acciones legales contra ella.

El Gobierno siguió con el señalamiento un día después en Consejo de Ministros. Entonces fue la ministra de Sanidad, Mónica García, quien anunció la aprobación de un informe sobre los abortos que se llevaban a cabo en los centros públicos y resaltó el caso de Madrid, así como el de Andalucía. Entre las dos regiones, dijo la ministra, realizan casi la mitad de los abortos de todo el país, pero solo un 0,5% en el primer caso y un 0,2% en el segundo se llevan a cabo en centros públicos. «Vamos a utilizar todas las herramientas jurídicas, legales y administrativas para que la ley se cumpla», dijo entonces.

El año pasado se practicaron en España más de 106.000 abortos, la cifra más alta desde que hay registros. La mayoría tuvieron lugar en centros privados, pero derivados desde la sanidad pública. Es decir, las comunidades autónomas que en sus sistemas públicos no cuentan con suficientes profesionales que quieren participar en estas intervenciones establecen convenios con centros privados para garantizar los abortos. Madrid fue la segunda comunidad autónoma con mayor tasa de abortos en 2024, solo por detrás de Cataluña.

La reforma de la ley de 2023, impulsada por Irene Montero como ministra de Igualdad, establecía la creación de un registro de profesionales objetores al aborto para organizar los recursos humanos de los centros públicos y garantizar que las intervenciones se lleven a cabo en estos centros. Los médicos, sin embargo, temen que esos listados sirvan para señalar y discriminar a los profesionales que aludan a su objeción de conciencia para no participar en estos procesos.