Igualdad detecta que 12 ayuntamientos y una autonomía dedican fondos públicos a proyectos que nada tienen que ver con violencia de género

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Érika Montañés

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Hasta ahora, pese a las entregas y misivas enviadas por la plataforma Alianza Contra el Borrado de las Mujeres, no había habido pronunciamiento oficial y es la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, la juez Carmen Martínez Perza, la que informó ayer 29 de mayo de estos casos. Su Delegación ha comunicado a la administración correspondiente que dichos proyectos no serán financiados y que es preceptivo que retiren el logo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. El último caso se produjo en Almería con una campaña contra las agresiones sexuales a menores.

Desde la plataforma, que ha trabajado durante meses en la recopilación y el envío a Igualdad de decenas de casos fraudulentos, han saludado esta reacción del Gobierno. «Solo podemos celebrar que el ministerio ponga orden en la gestión de los fondos del Pacto y esperar que sigan vigilantes y que establezcan sistemas de control permanente sobre su uso», han considerado fuentes de la entidad a ABC.

En todo caso, Igualdad reitera que «la gran mayoría de los ayuntamientos y las comunidades autónomas aplican correctamente los fondos» y que los que hacen un mal uso de los mismos suponen el 0,15% del total de ayuntamientos que reciben la financiación.

Además, el ministerio también ha agregado que se están estudiando otros 22 proyectos de 17 ayuntamientos, «susceptibles de no cumplir con los requisitos», y que ya se ha contactado con dichos ayuntamientos «para recabar más información». Por eso en la carta, Igualdad recuerda a las comunidades autonómicas, Ceuta y Melilla y a los ayuntamientos, a través de su representación en la Federación Española de Municipios y provincias (FEMP), a qué tipo de actividades pueden destinar ese dinero estatal. Este 2024 la partida presupuestada y que se distribuirá entre todas las entidades locales y autonómicas asciende a más de 180 millones de euros. En concreto, 140,2 millones para las comunidades y ciudades autónomas y otros 40 millones para los ayuntamientos este 2024.

En su misiva, Igualdad también recuerda que el periodo de ejecución de estos fondos es del 1 de julio (cuando se realiza el reparto de los fondos) hasta el 30 de junio del año siguiente. En su escrito, el Ministerio insiste en que en caso de detectar cualquier mal uso de los fondos, «se solicitará, de forma inmediata, el reintegro de los mismos». También se insta a las administraciones a que pongan esta información en conocimiento de sus servicios de intervención, que deben vigilar el buen uso de los fondos.

«El objetivo de esos fondos -aduce Martínez Perza- es articular una respuesta integral, eficaz y coordinada de todas las instituciones con competencias en materia de prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres; mantener y mejorar, en todo el territorio del Estado, la red de recursos, servicios y prestaciones destinados a la protección, asistencia, apoyo, recuperación y reparación de las víctimas de violencia contra las mujeres; promover las acciones de sensibilización y prevención de la violencia contra las mujeres y reforzar la formación de todos los profesionales que trabajan con las víctimas, con el fin de garantizar la mejor respuesta institucional», ha apuntado.