Grupos pro-vida en EE.UU. buscan restringir anticonceptivos y prohibir la fecundación in vitro

Este jueves, esa misma Corte Suprema mantuvo el acceso a una píldora abortiva disponible en EE.UU., rechazando un intento de un grupo de organizaciones y médicos opuestos al aborto para anular la aprobación previa de la agencia federal del medicamento.

Aunque no todos los políticos conservadores apoyan esas nuevas batallas sociales, lo cierto es que una mayoría de republicanos ha votado este mismo mes en el Capitolio en contra de una legalización federal de ambas prácticas. Esas leyes fracasadas hubiera impedido que la justicia deje el uso de anticonceptivos y la fecundación in vitro, como hizo con el aborto, en manos de los estados. De los 50 estados de EE.UU., 14 ya tienen en pie prohibiciones al aborto completas, con muy pocas excepciones.

Este mismo mes de marzo, un tribunal de casación de Texas falló que los adolescentes de ese estado no pueden adquirir anticonceptivos sin que sus padres den antes su aprobación. Un padre de familia, Alexander Deanda, argumentó que la facilidad con que las menores pueden comprar anticonceptivos en EE.UU. atenta contra su derecho a decidir sobre su educación e inculcarles valores cristianos, algo en lo que el juzgado le dio la razón.

La semana pasada, los demócratas intentaron aprobar una ley federal que haría obligatorio el derecho de cada ciudadano a tener acceso a medicamentos anticonceptivos. Los republicanos lo bloquearon. Se necesitaban 60 votos y el resultado fue de 51 contra 39. Los conservadores aseguran que el Supremo ya permitió en una sentencia de 1965 el uso de fármacos para prevenir el embarazo, y que no se necesitan leyes.

Sin embargo, el Supremo también tenía en pie la ley Roe v. Wade, que permitió el aborto hasta la «viabilidad del feto» desde 1973, pero en 2022 anuló ese precedente y dejó la decisión en manos de los estados dada la carencia de una ley federal. En aquella sentencia, el magistrado Clarence Thomas dijo que cualquier asunto de salud reproductiva que no entre dentro de lo que las leyes federales se aprueben debería dejarse al arbitrio de los estados.

Así, los demócratas se apresuraron a aprobar una ley federal de matrimonio homosexual en otoño de 2022, con un apoyo suficiente aunque no unánime: unos 50 legisladores republicanos se unieron a todos los demócratas. Los intentos de aprobar después leyes federales que legalicen de forma permanente el libre acceso a los anticonceptivos y la fecundación in vitro han fracasado de forma repetida.

Los diputados y senadores republicanos no se han querido pronunciar en exceso sobre estos asuntos. Cuando se han opuesto a las leyes federales al respecto, han dicho que era porque no las consideraban necesarias. Al fin y al cabo, este es año de elecciones —se renueva en noviembre un tercio del Senado y toda la Cámara— y según una encuesta de Gallup el 88% de estadounidenses cree que los anticonceptivos son moralmente aceptables y un 82% opina lo mismo sobre fecundación artificial.

Tras estos nuevos caballos de batalla de parte del movimiento pro-vida se encuentra un grupo llamado Pro-Life Action League, que se opone con diversas campañas a lo que se refiere como «natalidad artificial» porque cree que socava el acto sexual y tiene consecuencias negativas para la sociedad, argumentando que la anticoncepción incrementa el comportamiento sexual de riesgo, a menudo falla, predispone a las mujeres al aborto y distorsiona el entorno sexual cultural.

A nivel estatal, otros grupos se han movilizado para estar preparados para limitar el acceso a los anticonceptivos en caso de que el Supremo llegue a anular su sentencia al respecto. Es el caso de un grupo muy activo e influyente, Idaho Family Policy Center, cuyo director, Blaine Conzati, afirma que no se opone a todos los métodos de control de natalidad, pero sí a aquellos que se dan tras el acto sexual. «No nos oponemos a todos los tipos de control de la natalidad o planificación familiar. Simplemente creemos que la política estatal debe ser coherente y reconocer los derechos de todos los niños no nacidos una vez que ha ocurrido la fertilización y se ha creado una nueva vida», asevera.

Estos grupos buscan que se dote a los embriones de derechos humanos, de ahí las demandas relacionadas con cómo operan las clínicas de fecundación artificial. En contra del criterio de la mayoría de médicos, mantienen que la vida comienza cuando los óvulos son fertilizados, antes del embarazo mismo. Eso borra para ellos las fronteras entre algunos anticonceptivos y el acto mismo de abortar un feto.

Desde 2022, en al menos 17 estados los republicanos han bloqueado intentos demócratas de aprobar leyes que garanticen el derecho al control de la natalidad. Recientemente, el gobernador de Virginia, el republicano Glenn Youngkin, vetó un proyecto de ley destinado a garantizar el acceso a los anticonceptivos, diciendo que, aunque personalmente apoya dicho acceso, era reacio a «pisotear las libertades religiosas de los virginianos», incluidos los proveedores médicos.