El Gobierno se une al Defensor del Pueblo y «paraliza» la ley Trans de Ayuso al llevarla ante el Constitucional

El Gobierno se une así al Defensor del Pueblo, que el pasado 1 de abril recurrió ante el Constitucional "un inciso" de un artículo de la ley Trans de la Comunidad de Madrid. La institución que preside el socialista Ángel Gabilondo, ex candidato del PSOE en la Comunidad de Madrid y ex rival de Ayuso en las urnas, considera que la ley "patologiza a los menores y vulnera sus derechos a la intimidad y al libre desarrollo de la personalidad".

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E. Montañés

En el caso del Gobierno de Sánchez, recurrirá concretamente las leyes 17/2023 y 18/2023 de la Comunidad de Madrid, que modifican dos leyes autonómicas previas en un sentido regresivo para los derechos de las personas LGTBI. La primera se refiere específicamente a los derechos y la protección de las personas Trans y la segunda más genéricamente a la protección de las personas LGTBI en su conjunto.

La normativa de la Comunidad madrileña es «regresiva», ha enjuiciado hoy Redondo, y lo que hace es eliminar y derogar «contenidos de protección de derechos y establecer nuevos requisitos o condiciones para su ejercicio».

Ana Redondo ha concretado también en los aspectos que se impugnan, que no es el conjunto de la ley autonómica, sino aquellos aspectos que se consideran «anticonstitucionales por ser contrarios a los derechos fundamentales o por invadir competencias del Estado». Esos aspectos son: la excepción que hace Madrid a la prohibición absoluta de las terapias de conversión permitiendo el asesoramiento psicológico o la evaluación psiquiátrica, que a menudo son formas encubiertas de este tipo de seudoterapias, dice Igualdad. En segundo lugar, también la patologización que se hace de los menores trans, al obligarles a someterse a un proceso de acompañamiento psicológico o psiquiátrico y a obtener un informe facultativo favorable como condición para iniciar un tratamiento para su transición. Hasta la ley de 2023 impulsada por Irene Montero esos dos años de evaluación psicológica eran preceptivos.

En tercer lugar, se va a recurrir la contraposición discriminatoria que hace la ley de las personas trans frente a las mujeres y niñas cuando se les permite usar espacios o equipamientos «sin menoscabo de los derechos e intimidad del resto de usuarios, especialmente de las niñas y mujeres», una opción que han defendido plataformas feministas como la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres. En este sentido, la ministra Redondo ha insistido una vez más en la defensa de la ley estatal con un principio que consideran clave: «Garantizar los derechos de las personas trans no pone en peligro los derechos de otras personas».

Por último, el Gobierno también considera que la norma de la Comunidad de Madrid invade las competencias exclusivas del Estado en materia procesal y de procedimiento administrativo al excluir a las organizaciones LGTBI de la condición de interesados en procedimientos penales y administrativos sancionadores, incluso cuando representen a una víctima o perjudicado con su permiso explícito.

La ministra de Igualdad ha destacado que la decisión de acudir al Tribunal Constitucional se adopta tras haber explorado la vía de la negociación, a través de la Comisión Bilateral, entre la Administración General del Estado y la Comunidad de Madrid. Una comisión en la que «no ha sido posible llegar a un acuerdo con la Comunidad de Madrid». Redondo ha recordado el recurso que en el mismo sentido interpuso el Defensor del Pueblo Ángel Gabilondo «alegando motivos similares».

Las reformas de las leyes LGTBI y Trans estaban incluidas en el programa electoral con el que Isabel Díaz Ayuso ganó por mayoría absoluta en las urnas en mayo del año pasado. Las modificaciones legales se hicieron a través de sendas proposiciones de ley, presentadas por el Grupo parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid, se debatieron y aprobaron en diciembre del año pasado y contaron con el respaldo de los diputados del PP y de Vox, mientras que el PSOE y Más Madrid votaron en contra.

Durante el debate parlamentario, la diputado de Más Madrid Carla Antonelli llegó a acusar a los diputados del PP de tener "las manos manchadas de sangre" por aprobar esas reformas, por lo que consideró una desprotección de las personas trans. El PP siempre ha defendido que las dos modificaciones tenían como objetivo garantizas y reforzar los derechos de los menores, eliminar la carga ideológica que tenían las leyes anteriores y reducir el 'adoctrinamiento' de las asociaciones LGTBI en centros educativos.

Desde el PSOE de Madrid, el diputado en la Asamblea y secretario de Diversidad, LGTBI y Movimientos Sociales del partido, Santi Rivero, ha valorado "muy positivamente" el recurso del Gobierno. "Ya avisábamos que recortaban derechos, especialmente a las personas trans y a los menores trans. Después de que se le ha dado un plazo muy prudencial para negociar ese recorte y revertirlo, la Comunidad de Madrid ha hecho oídos sordos en su afán por no escuchar y por ir al choque con el Gobierno central, y el Gobierno ha decidido velar por el cumplimiento de los derechos y las leyes estatales". Rivero ha advertido de que el PP seguirá teniendo enfrente al PSOE de Madrid para "defender las leyes originales y los derechos de las personas trans". "No puede quedar impune este primer retroceso en derechos para el colectivo LGTBI que ha perpetrado el Gobierno de Ayuso".

El el Gobierno de Ayuso, la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha respondido así al recurso del Consejo de Ministros: "La ley Trans tiene como objetivo proteger a los menores de una situación de unos tratamientos irreversibles, acompañarles en un proceso que la propia ministra, en la reunión que mantuvimos hace un par de semanas, reconoció que implica mucho sufrimiento en las familias y en cada persona que se somete a un proceso de transición. Es indispensable, después de escuchas a sociedades científicas, médicas y a las propias familias, ese acompañamiento. El Gobierno de España acaba de demostrar que no tenía ninguna intención de llegar a ningún acuerdo. Habíamos solicitado una nueva reunión y ni siquiera nos contestaron, para trasladar al Gobierno de España lo importante que es acompañar a los menores en estos procesos de sus vidas".

En esa reunión, ha comentado la consejera de Ayuso, iba a trasladar al Gobierno la necesidad de cambiar la ley Trans nacional para proteger a las mujeres víctimas de violencia, que están viendo cómo sus agresores están cambiando de sexo, porque la ley estatal lo permite. "Ya sabemos cuál es la posición de un Gobierno, que es, una vez más, atacar al Madrid y no tener ninguna intención de negociar, ni de proteger a las personas vulnerables, de la mano de los profesionales, de las sociedades médicas y de todas las familias que se han vista sometidas a actuaciones quizás prematuras que son irreversibles". "Vamos a seguir defendiendo que tenemos que proteger a los menores, que tienen derecho a una atención sanitaria, física y mental adecuada".

Sin salir de la Comunidad de Madrid, uno de los que han expresado más entusiasmo por el recurso que ha anunciado el Consejo de Ministros ha sido el delegado del Gobierno de Sánchez, Francisco Martín, especialmente activo en su oposición a Ayuso y a Almeida desde su puesto de representante del Ejecutivo en la región: "¡Ni un paso atrás!", ha exclamado en las redes sociales, al hacerse eco de la noticia que ha publicado el Ministerio de Igualdad sobre el recurso.