Igualdad se niega en rotundo a modificar la ley Trans para evitar que se cuelen agresores machistas por sus «fisuras»

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Denuncian a Madrid y a Pozuelo por discriminar a un presunto agresor que se cambió de sexo

Uno de los seis supuestos maltratadores que la Comunidad de Madrid denunció intentaban acercarse a sus víctimas estando registrados en VioGén es esta mujer trans de Pozuelo de Alarcón

Ministra y consejera han mantenido ese encuentro hoy en la sede de Igualdad en la madrileña calle de Alcalá. Según fuentes de la CAM, Dávila ha solicitado que se revise la casuística detectada y estudie la modificación de la legislación Trans nacional -que cumplió el pasado mes de marzo su primer año de vida-, ya que «está generando y puede generar en un futuro situaciones no deseadas en casos de violencia contra la mujer». Dávila ha pedido incluso la intervención de un organismo independiente para revisar lo que está sucediendo y que audite a otras autonomías por si se estuviese dando algosimilar. La ministra de Igualdad, siempre según las mismas fuentes, se ha negado en rotundo y ha defendido que se trata de «pocos casos» y tal y como rubricó en los pasillos del Congreso, no se puede hacer categoría de unos casos aislados, dijo. Sí se ha comprometido no obstante a dar instrucciones claras en los registros civiles para que sus trabajadores sepan cómo actuar.

Según los registros de la Comunidad de Madrid, al menos seis presuntos maltratadores trataron de cambiar su sexo en el Registro valiéndose de esa norma nacional para, de este modo, acceder a puntos de atención a víctimas, donde se encontrarían sus exmujeres. En principio, al menos tres de esos agresores lo habrían conseguido. Uno de ellos en la localidad de Pozuelo de Alarcón.

Se trata de un agujero muy importante en la norma por la que se están colando agresores. A Madrid no le preocupa solo el estado en VioGén, sino las grietas que presenta la legislación en ámbitos como el deporte, el penitenciario y el uso de instalaciones. Se dan situaciones diferentes donde observan que la ley Trans presenta unos defectos todavía salvables y piden «soluciones efectivas». No obstante, pese a la cordialidad en que ha discurrido el encuentro, se han topado con la oposición y negativa de la ministra. No tocará el artículo solicitado para incluir casos de fraude de ley. La consejera madrileña sigue opinando que no hay mecanismos en los puntos de atención a víctimas ni el registro civil que permita identificar que alguien que quiere cambiar de sexo lo hace con una voluntad funesta. Con solo expresar esa voluntad, ya cambia de sexo registral y tiene acceso a los servicios de mujer. Y es que en todos los casos denunciados en Madrid el cambio ha sido de hombre a mujer, con arreglo a obtener los beneficios de la legislación que ampara a las mujeres.

«Los funcionarios del Registro Civil dicen que hasta en un 40% de los casos tienen dificultades para interpretar la ley», indican fuentes de Sol consultadas. Dávila ha puesto un ejemplo: «Imagínense que un agresor cambia de sexo y solicita ingresar en la residencia en la que está su víctima, como nos hemos encontrado en alguna ocasión. Tal y como está redactada la norma, tiene todo el derecho a ser atendido como víctima siendo ya una mujer».

Según ha reconocido Dávila a preguntas de los medios de comunicación, en el encuentro se ha tratado también la Ley Trans autonómica, que el Defensor del Pueblo recurrió ante el Tribunal Constitucional. Dávila ha defendido el interés del Gobierno regional por garantizar que "en base a los criterios médicos y científicos", todo menor que manifieste que desea cambiar de sexo "sea acompañado por un equipo multidisciplinar en el que también hay un acompañamiento psicológico".

En este sentido, Ana Dávila ha asegurado que la propia ministra "ha reconocido que en todas las circunstancias de cambio de sexo hay un profundo sufrimiento tanto de los menores como de sus padres", ante lo que Madrid ha defendido la intervención de "un profesional especializado".

En cualquier caso, al consejera de Familia se ha mostrado "decepcionada" con el rechazo de la ministra "al acompañamiento" y ha defendido el criterio "de las sociedades científicas" que comparte la Comunidad de Madrid.