La izquierda vuelve a la carga con la ley Trans contra Ayuso en la Asamblea de Madrid

El PP aprobó en el último pleno de diciembre la reforma de las leyes LGTBI y Trans, como había prometido en su programa electoral. Fue una modificación, no una derogación, en teoría para eliminar la carga ideológica de las normas y aumentar las garantías jurídicas. Pero la izquierda se sublevó ante lo que consideró una derogación en toda regla de unas leyes que apoyan sin fisuras y desde la bancada de Más Madrid se llegó a acusar al PP de «mancharse las manos de sangre» al apoyarlo. El PP contó con el respaldo de Vox.

Desde la aprobación de las reformas de las leyes Trans y LGTBI, la izquierda madrileña lo ha utilizado para criticar al Ejecutivo regional de Ayuso por un supuesto retroceso de derechos, algo negado de forma tajante desde la Comunidad de Madrid.

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En el Pleno del próximo jueves, el diputado del PSOE Santi Rivero, activista LGTBI que defendió la posición de su partido desde la tribuna de oradores, preguntará al Gobierno de Ayuso, en la sesión de control, 'cómo está cumpliendo el artículo 13 de la Ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid, modificada por la Ley 17/2023'.

Además, desde Más Madrid, la diputada Jimena González, que es activista trans, preguntará al Gobierno de Ayuso en esa misma sesión de control si considera que «existe LGTBIfobia en la región».

El diputado socialista Rivero ha conseguido que la Mesa de la Asamblea, con mayoría del PP, le admita la pregunta, después de que en los últimos meses le hayan rechazado un total de 34 iniciativas, entre ellas una quincena relacionadas con diferentes cuestiones sobre las personas LGTBI. El diputado tiene previsto denunciar lo que considera una «censura» en toda regla.

Su pregunta en la sesión de control estará centrada en el polémico artículo 13, reformado en la nueva ley Trans. Con la modificación desapareció, por ejemplo, las alusiones a la «libre autoidentificación de género». Desde el PP se ha defendido que el hecho de que no aparezca ese concepto no quiere decir que no exista, ya que está incluido en la ley nacional.

En la ley original, de 2016, se decía en ese artículo 13: «El sistema sanitario público de la Comunidad de Madrid atenderá a las personas trans conforme a los principios de consentimiento informado, libre autodeterminación de género, de no discriminación, de asistencia integral, de calidad, especializada, de proximidad y de no segregación».

Con la reforma ese párrafo queda así: «El sistema sanitario de la Comunidad de Madrid atenderá a las personas transexuales conforme a los principios de consentimiento informado, de no discriminación, de asistencia integral, de calidad, especializada, de proximidad y de no segregación».

En la ley de 2016, se especifica que las personas trans tienen derecho a «ser tratadas conforme a su identidad de género e ingresadas en las salas o centros correspondientes a ésta cuando existan diferentes dependencias por razón de sexo, y a recibir el trato que se corresponde a su identidad de género evitando toda segregación o discriminación».

Con la reforma, ese punto quedó de esta manera: «Ser tratadas conforme a su situación durante su proceso de cambio de sexo, e ingresadas en las salas o centros correspondientes a ésta cuando existan diferentes dependencias por razón de sexo, y a recibir el trato que se corresponde a su situación, evitando toda segregación o discriminación».

En la nueva ley se añade otro 'derecho': «A recibir, llegado el caso, acompañamiento y tratamiento en la decisión de desistir o revertir el proceso de cambio de sexo».

Este otro 'derecho' incluido en la ley de 2016: (El Sistema Sanitario público de la Comunidad de Madrid) «proporcionará el acompañamiento psicológico adecuado si el usuario y/o familiares y profesionales lo vieran necesario, siendo este acompañamiento el común previsto para el resto de los usuarios del Sistema Sanitario Público de Madrid, sin que quepa condicionar la prestación de asistencia sanitaria especializada a que previamente se deban someter a examen psicológico alguno». Quedaría resumido así: «Proporcionará el acompañamiento psicológico o psiquiátrico adecuado».

Otro cambio que se introdujo en la reforma aprobada en diciembre pasado fue la siguiente:

En el texto original de 2016, se decía: «La asistencia psicológica a las personas trans será la común prevista para el resto de los usuarios del Sistema Sanitario, sin que quepa condicionar la prestación de asistencia sanitaria especializada a las personas trans a que previamente se deban someter a examen psicológico. Se prohíbe expresamente el uso en el Servicio Madrileño de Salud de terapias aversivas y de cualquier otro procedimiento que suponga un intento de anulación de la personalidad o voluntad de la persona trans, así como cualquier otra vejación, trato discriminatorio, humillante o que atente contra su dignidad personal».

Con la reforma, ese párrafo queda de la siguiente manera, para recalcar la importancia que se da al tratamiento psicológico y psiquiátrico, algo que rechazan las organizaciones trans: «Se prohíbe expresamente el uso en el sistema sanitario de la Comunidad de Madrid de terapias aversivas y de cualquier otro procedimiento que suponga un intento de anulación de la personalidad o voluntad de la persona transexual, así como cualquier otra vejación, trato discriminatorio, humillante o que atente contra su dignidad personal, sin que el asesoramiento psicológico o, en su caso, la evaluación psiquiátrica del personal sanitario pueda considerarse discriminatoria ni contraria a la libertad de la persona evaluada sino, por el contrario, informadora de la misma con base científica y garantías médicas, para que pueda ejercerse dicha libertad con pleno conocimiento de causa, siempre buscando el bienestar de la persona transexual».