El Gobierno ultima un protocolo contra el acoso sexual entre funcionarios

El plan, adelantado por 'El Mundo' y confirmado por ABC, establece que todo empleado público estará obligado a poner en conocimiento los casos de posible acoso que conozca. Para ello, se elabora un listado que contiene conductas como flirteos, insinuaciones, abrazos o besos no deseados, comentarios sexistas, despectivos o bromas vejatorias. Tendrán sanciones que pueden llegar hasta el despido, separación de servicio o suspensión de funciones.

Según explica CSIF, el protocolo implicará medidas como la reordenación del tiempo de trabajo, cambio del lugar o de tareas administrativas encomendadas, sin pérdida de retribuciones. También establece actuaciones para la completa recuperación de las víctimas, el restablecimiento de la dignidad y su reputación.

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Susana Alcelay

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Será un real decreto que pasará próximamente por el Consejo de Ministros. Fuentes de Hacienda explican a ABC que aún no hay nada definitivo ni ningún plazo establecido, sino que el plan se encuentra aún en proceso de negociación.

En concreto, según apunta CSIF, se recogerán varias categorías de conductas de acoso Sexual. En la primera se establecerán conductas verbales, con supuestos como insinuaciones sexuales, flirteos ofensivos, comentarios insinuantes, sugerentes o desagradables, llamadas telefónicas o contactos por redes sociales indeseados, bromas o comentarios sobre apariencia sexual.

La segunda definirá las conductas constitutivas de acoso por razón de sexo, como el demérito de la valía profesional por el hecho de la maternidad o paternidad, conductas hostiles hacia quienes ejerciten sus derechos de conciliación de la vida personal, familiar y profesional, descalificaciones públicas y reiteradas sobre la persona, su puesto de trabajo y su implicación, por razón de género, conductas discriminatorias por ser hombre o mujer, formas denigrantes de dirigirse a personas de un sexo determinado o ignorar aportaciones, comentarios o acciones.

Por último, se hablará de conductas constitutivas por orientación sexual o identidad o expresión de género, entre las que se consideraran el hecho de ignorar aportaciones, realizar comentarios o acciones que afecten a la dignidad de la persona, dirigirse con maneras ofensivas o llevar a cabo conductas que denoten una falta de respeto por la diversidad sexual y de género, ridiculizar a la persona o utilizar humor de forma despectiva, menospreciar el trabajo o utilizar humor sexista y vejatorio de manera reiterada y con intención de vejar.

Una vez se ponga en marcha, cuando haya una denuncia de este tipo se deberá resolver en un máximo de 30 días. Los expedientes, aclara CSIF, serán paralelos a la actuación judicial. Se creará además la figura del asesor judicial, que será un compañero formado en cada departamento que acompañará a la víctima en el proceso.