El Gobierno infringió la ley para ocultar un informe crítico con la subida del Salario Mínimo

Al ministerio que dirige la vicepresidenta comunista Yolanda Díaz no le interesó que saliera a la luz ese estudio, que había promovido para contrarrestar los sonoros reparos del Banco de España: en 2019, cuando el Ejecutivo se disponía a subir de golpe el Salario Mínimo un 22% –de 735,9 euros a 900–, advirtió que eso impactaría negativamente en el empleo; y, para rematar, en junio de 2021 el Banco de España presentó un estudio en el que calculó que la escalada del SMI había impedido la creación de entre 83.000 y 180.000 empleos.

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Como desveló ABC, Trabajo encargó varios informes más para enterrar ese primer estudio que no fue de su agrado. Además, según ha podido confirmar ahora este diario, el Ministerio desplegó una persistente estrategia de ocultación que infringió la ley que garantiza el derecho de los ciudadanos a la información pública. E incumplió las órdenes que dictó el Consejo de Transparencia para que facilitara dicho informe a quien lo había solicitado.

A principios de año, varios grupos parlamentarios pidieron ese estudio, pero el Gobierno no se lo facilitó. Poco después, el 30 de marzo, el Instituto Ostrom –'think tank' liberal con sede en Cataluña– solicitó al Ministerio de Trabajo una copia de ese mismo estudio. Lo reclamó amparándose en la ley de Transparencia, pero tampoco se lo entregaron. Trabajo argumentó que estaba sopesando explotar «comercialmente» dicho estudio, por lo que facilitárselo a un tercero «podría implicar un perjuicio para sus intereses comerciales y económicos».

El Instituto Ostrom consideró que era una excusa inaudita y pidió amparo al Consejo de Transparencia, que censuró al ministerio de Díaz por impedir el acceso a un documento que debe ser accesible para cualquier ciudadano o entidad que lo requiera. El pasado 23 de septiembre, el Consejo de Transparencia subrayó que el argumento que había utilizado Trabajo para esconder ese estudio fue infundado e injustificado. Y dio al Ministerio un plazo máximo de diez días hábiles para entregar el informe sobre el SMI a la entidad que lo había solicitado. El Gobierno desoyó el ultimátum. Debió facilitar el estudio al instituto Ostrom a primeros de octubre, pero a primeros de noviembre seguía sin hacerlo. Quedó patente el incumplimiento de la orden de Transparencia.

No fue hasta el pasado 14 de noviembre cuando Trabajo facilitó la copia de ese estudio al Instituto Ostrom. Eso sí, después de que éste le enviara un nuevo requerimiento al ministerio con la advertencia de que, si persistían en la ocultación, acudirían a los juzgados.