El Gobierno quiere que las menores de 16 años puedan abortar sin consentimiento paterno

En concreto, la enmienda de PSOE y Podemos propone que si hay discrepancias entre la menor de 16 años que quiera abortar y sus padres -que por la edad de su hija deberían prestar el consentimiento, según el proyecto de la ley- se nombrará a un defensor judicial de la menor que intervendrá en el proceso.

Los partidos que conforman la coalición del Gobierno justifican la enmienda a su propio proyecto alegando que el texto presentado no contempla los supuestos en los que la joven que quiera abortar tenga menos de 16 años y no cuente con el consentimiento de sus padres. En la norma que se estudiará durante las próximas semanas en la Comisión de Igualdad se establece que todas las mujeres mayores de 16 años podrán abortar sin necesidad del consentimiento de sus representantes legales. Para las menores de esa edad, el texto habla de la necesidad de obtener el consentimiento de los progenitores para interrumpir el embarazo, sin entrar en mayor detalle.

PSOE y Podemos destacan en su propuesta la necesidad de que las menores de 16 años tengan «derecho a ser escuchadas». «Con el fin de garantizar los derechos de la menor a ser informada, oída y escuchada, y a participar, conforme a los arts. 2 y 9, respectivamente, de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, proponemos que el precepto recoja expresamente la mención sobre el procedimiento a seguir en caso de conflicto, con remisión a las normas civiles generales en materia de menores y familia», dice la enmienda. Para cumplir con ese derecho de los menores de edad, sostienen que es necesario que los mismos intervengan en cualquier procedimiento administrativo o judicial que les afecte. Para ello, se requiere de la figura de un defensor judicial que les represente en los procedimientos.

Aunque en este caso van de la mano, la ley del aborto genera discrepancias también entre los partidos del Gobierno. En concreto, hay posiciones distintas sobre el tratamiento de la publicidad de la prostitución, pues los socialistas quieren utilizar esta norma para añadir una mención específica a los anuncios que promuevan la prostitución.