El Gobierno fulmina al Comité de Bioética que criticó la ley de eutanasia

Los nuevos nombres son solventes profesionales del mundo de la medicina, la investigación y el derecho. Todos tienen experiencia en bioética y formación académica similar a la elegida para los comités que le han precedido. Pero sí se vislumbra un cambio de tendencia, más progresista y con presencia mayoritaria de mujeres. De los doce miembros elegidos, siete son mujeres. En el anterior, la presencia femenina era menor. De los once expertos -Fernández Muñiz renunció hace tres años-, de los que solo tres eran mujeres.

No se conoce aún quién de ellos relevará al hasta ahora presidente, el jurista Federico Montalvo. El sucesor dirigirá un comité que tendrá sobre la mesa normas en tramitación tan polémicas, como la ley 'trans' , donde se abre la puerta a la autodeterminación de género y se podrá cambiar de sexo en solo tres meses a partir de los 14 años.

El Ministerio de Sanidad justifica en el Boletín Oficial del Estado de este viernes que la renovación se produce tras la expiración de los cuatro años de mandato de sus miembros. Eso es cierto para la mayoría de los miembros, como el expresidente Montalvo. Pero aún había cuatro -los médicos Rogelio Altisent, Álvaro de la Gándara, Encarna Guillén y Ruiz Sicilia- que podrían repetir, según los estatutos y afrontar un segundo mandato, como suele ser la costumbre. Solo se ha rescatado a la psiquiatra Ruiz Sicilia.

Además de Leonor Ruiz Sicilia, en esta nueva etapa formarán parte del organismo a propuesta de las comunidades autónomas: Aurelio Luna, Juan Carlos Siurana, Íñigo de Miguel Berain, José Antonio Seoane y Desirée Alemán Segura. A propuesta de los Ministerios de Justicia, Ciencia, Industria y Sanidad: Alberto Palomar Olmeda, Lydia Feyto Grande, Atia Cortés Martínez, Isolina Riaño Galán, Carme Borrell i Thio y Cecilia Gómez-Salvago.

La elección de los integrantes del Comité de Bioética no es banal. Importa y mucho. Desde 2007 este organismo tiene como misión la delicada tarea de asesorar al Gobierno en las cuestiones más espinosas, en viejos y nuevos dilemas éticos que surgen de los cambios sociales y los avances científicos. Por sus manos han pasado debates tan polémicos como la eutanasia, la gestación subrogada o el aborto, entre muchos otros.

Son nombrados en su mayoría por el Gobierno, buscando afinidad ideológica, aunque la mitad se eligen a propuesta de las comunidades autónomas para que haya siempre una mayor pluralidad, con independencia del partido del Ejecutivo.

Aunque las decisiones de este organismo no son vinculantes, sus informes y recomendaciones pueden poner en una situación incómoda al Gobierno de turno, por eso el perfil de sus miembros importa tanto. Funcionan como un organismo independiente, cuyo trabajo consiste en elaborar informes que ayuden a tomar decisiones delicadas. Pueden hacerlos a propuesta o no del Gobierno, como ocurrió con la ley de eutanasia.

El Comité de Bioética, que ahora dinamita el Gobierno, elaboró un informe sobre la eutanasia durante la tramitación de la ley, pese a que no se pidió oír la voz de este organismo asesor. Pese a ello, la institución que presidía Federico Montalvo, decidió publicarlo para que su ausencia no se interpretara como «un grave déficit en la deliberación ética de nuestra opinión pública y de la sociedad», en una norma de «un enorme calado social, ético y legal». España no quiso seguir el ejemplo de Alemania, Austria, Francia , Italia, Portugal o Suecia cuyos comités sí participaron activamente en el debate público sobre la eutanasia en sus países. Las conclusiones tampoco gustaron, porque el informe advertía de »lagunas legales«, dejaba claro que no podía considerarse un acto médico y temía por la objeción de conciencia.

Álvaro de la Gándara, médico especialista en cuidados paliativos y uno de los expertos depurados del comité reflejó en un tuit su opinión: «Cuando la política impregna todo, se toman este tipo de decisiones ideologizadas y partidistas».

Los últimos informes elaborados por el comité saliente eran cuestiones menos polémicas, aunque muy relacionadas con los tiempos de pandemia y covid, como el cuidado de los mayores en el sistema sociosanitario o el tratamiento a distancia con telemedicina. Pero sobre la mesa, en los próximos meses volverá a haber temas y leyes que plantean dilemas bioéticos y sociales dentro de la estrategia de gobierno. El más claro es la ley «trans» que prevé el cambio de sexo a los menores, a partir de 16 años y sin tutela.

Si el Gobierno no le encarga un informe, deberán decidir si de forma independiente lo realizan, como decidió el anterior comité.