El Comité de Bioética debate regular la maternidad subrogada como los trasplantes

Una de las propuestas que se barajan en una posible regulación sería la autorización, bajo condiciones tan estrictas como las que marca la donación de órganos humanos entre personas vivas. Eso implicaría que las mujeres dispuestas a ceder su cuerpo para gestar el hijo de otra pareja lo haría libremente, sin cobrar por ello y sin ningún otro tipo de contraprestación.

Para velar por el cumplimiento de estos requisitos, un psicólogo debería informar de que la gestante es consciente de la responsabilidad que asume, un médico garantizaría si supone un riesgo para su salud y, finalmente, un juez daría luz verde a la gestación subrogada. Es decir, el mismo proceso que se sigue cuando una persona dona un riñón o un pedazo de su hígado para salvar la vida de otra persona.

Es el modelo también por el que se ha inclinado el Reino Unido, Portugal y Canadá para legislar la maternidad subrogada. Sin embargo, la fórmula no es perfecta. Lo que temen los «sabios» del comité es que si se ponen tantas trabas, finalmente las parejas opten por acudir a otro país donde no haya líneas rojas en busca de ese hijo deseado. En el Reino Unido ya saben que la regulación altruista no evita el turismo reproductivo. La solución no es fácil y más cuando hay un bebé de por medio.

Si España autorizara los «vientres de alquiler» de forma altruista estaría obligado a registrar como españoles a los bébes nacidos y gestados en otros países. Es decir, seguiría avalando una práctica ilegal, como sucede ahora.

Otra de las ideas que se han barajado -también la más utópica-, es la de promover una alianza internacional para que se prohíba en todo el mundo la relación comercial y se pague por que otra persona geste tus hijos. Una vez más, como ocurre con la donación de órganos. Así se evitaría el turismo reproductivo, pero el acuerdo no parece fácil o, al menos, inmediato. Ahora mismo cada país legisla a su manera. En Ucrania, Rusia, India y algunos estados de Estados Unidos, como California es legal gestionar con una clínica de fertilidad, el tratamiento de fertilidad y la madre que albergará el embrión. El precio, según el país, está entre los 40.000 y los 120.000 euros. La solución no es fácil y puede que se convierta en el debate ético de la legislatura.

El Comité de Bioética lleva tres meses estudiando este dilema y aún no tiene un criterio formado, según explicó su presidenta Teresa López a Ep. Lo que mañana debatirán es un documento muy preliminar en el que se ven diferentes opciones, incluso podría aconsejarse mantener la prohibición expresa que hay ahora, si se considera que el derecho a la paternidad no debe prevalecer sobre un negocio de vientres de alquiler que utiliza a mujeres necesitadas.

Este organismo colegiado, independiente y de carácter consultivo, decidió estudiar el problema sin que se lo pidiera el Gobierno, aunque la ministra Dolors Montserrat , ha reconocido que le preocupa este tema.

La decisión del Comité de Bioética es solo consultiva, sin embargo, su oponión cuenta. En él están representados especialistas de campos muy distintos (académico, jurídico, médico, científico...) pero todos conectados por la bioética. Están propuestos por el Ministerio de Sanidad y las Comunidades para recoger diferentes sensibilidades. Sus miembros se renuevan y algunos de ellos llevan un año esperando su relevo que deberá hacer Sanidad.