El Govern recurre la suspensión cautelar del decreto que sustenta la inmersión lingüística en Cataluña

En un comunicado este martes, la Generalitat ha explicado que el recurso argumenta que «suspender la norma no evita ningún perjuicio ni daño irreparable a los interesados, uno de los supuestos que prevé la ley para dictar unas medidas cautelares». «Estos perjuicios y daños irreparables deben ser propios y no ajenos, según la doctrina del Tribunal Supremo, cosa que, según el recurso del Govern, no ocurre en este caso», ha añadido.

Además, ha considerado que tampoco ha quedado acreditado «que el daño sea real y efectivo en el alumnado catalán porque no se ha aportado ninguna justificación a tal efecto», informa Ep.

La Generalitat ha señalado en su recurso que la adopción de medidas cautelares debe ser «especialmente restrictiva» a la hora de suspender disposiciones de carácter general, como la norma impugnada, que ha recordado que despliega normativas vigentes como la Ley de Educación de Cataluña de 2009 y dos decretos leyes.

El Govern ha asegurado que la suspensión cautelar no supone «ningún problema respecto a la revisión de los proyectos de los centros», ya que está está recogido en otro decreto y que la Consejería de Educación seguirá llevando a cabo, como queda reflejado en los documentos de gestión de centro que contienen las instrucciones pedagógicas para el próximo curso.

El Ejecutivo catalán también se muestra contrario en el recurso a la suspensión cautelar del decreto entero «cuando, en todo caso, las medidas cautelares se hubiesen podido limitar a los artículos donde el tribunal apreciase vulneraciones de derechos».

El Govern aprobó este decreto en mayo para dar «seguridad jurídica» a las escuelas con sus proyectos lingüísticos y prevé que el catalán es la lengua normalmente utilizada como vehicular y de aprendizaje en Cataluña.

El TSJC lo suspendió cautelarmente, tras estimar el recurso presentado por la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) contra la norma, al apreciar en la misma «visos de lesión en los derechos fundamentales, más allá de cuestiones de legalidad ordinaria, en su vertiente del derecho a recibir enseñanza en lengua castellana» en tanto que el desarrollo reglamentario del decreto contempla el catalán como única lengua vehicular y de aprendizaje en la enseñanza. En su auto, el TSJC entiende, asimismo, que la administración autonómica no puede dejar en manos de los centros que «determinen la presencia del castellano» sin que se fije «una garantía mínima del uso de dicha lengua vehicular más de la impartición de la asignatura de lengua». La Generalitat ya anunció que recurriría el pronunciamiento judicial.

Por su parte, Plataforma per la Llengua también ha presentado un recurso de reposición para evitar la suspensión cautelar del decreto de régimen lingüístico del sistema educativo y un escrito recusando a los cuatro jueces del tribunal «por haber participado de forma irregular en el caso». Ramon Llena, asesor jurídico de la entidad, en declaraciones a los periodistas este martes, ha explicado que plantean el levantamiento de la suspensión porque, a su juicio, no tiene razón de ser, y ha apuntado a que «en la inmensa mayoría de los casos que se ha planteado la suspensión de un decreto se ha anulado».

La entidad considera que en su decisión el TSJC hace un «juicio sobre el fondo de la cuestión que, lejos de garantizar la finalidad del recursos, anticipa la decisión final, que se debe expresar a través una sentencia». Para Plataforma per la Llengua, la decisión de los jueces «no es propiamente una medida cautelar ni una valoración defensiva de derechos en riesgo, sino una anticipación de la decisión final con un juicio previo a las alegaciones y pruebas de las partes, que está al margen del objetivo, finalidad y garantías de una cautelar«.

En cuanto a la recusación, Llena ha señalado al presidente de la sala contencioso-administrativa, el juez Javier Aguayo, por «escoger en qué asunto interviene o no», algo que considera que es contrario a la ley y, en sus palabras, completamente irregular. La entidad cree que se contraviene el principio de juez natural porque, según ha indicado, Aguayo «pudo escoger participar en el caso, hecho que vulnera el derecho a ser juzgado por un magistrado predeterminado por la ley».

También ha apuntado a la «pérdida de imparcialidad objetiva para valorar el caso» de Aguayo, ya que ha defendido que durante la visita de la misión de la Eurocámara en diciembre, sobre el sistema de inmersión obligatoria en catalán, el juez se posicionó públicamente sobre el idioma en la educación en Cataluña. «Manifestó que no se puede exigir a los ciudadanos que sean héroes por ejercer sus derechos para pedir que el 25% de las asignaturas troncales se impartan en castellano y afirmó que cuando se juzga un asunto delicado se produce una reafirmación de la identidad«, ha añadido, a través de un comunicado de la entidad.