La Generalitat se niega a desvelar cómo se 'catalanizan' las escuelas para «proteger a los menores»

En una resolución, a la que ha tenido acceso ABC, la secretaria general del Departamento de Educación, Patricia Gomà, «estima parcialmente» la petición de información de la entidad y se limita a facilitarle la composición de los denominados grupos, que funcionan en un total de 411 centros educativos y que se extenderán progresivamente a la totalidad de las escuelas e institutos de Cataluña.

Sin embargo, le niega el resto de datos solicitados en la petición arguyendo que «a pesar de que las decisiones y actuaciones que se puedan tomar y poner en práctica en cada uno de los centros tienen un carácter marcadamente pedagógico, adquiere una transcendencia mediática importante, ya que se asocia al posicionamiento ideológico y político del centro y también de su personal».

Recuerda el Govern, en este sentido, que «ya se han visto otros casos relacionados con el cumplimiento de los requerimientos del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña respecto de la aplicación de porcentajes en el usos lingüísticos en los centros, donde los medios de comunicación se han apostado en las puertas de los centros, con el consiguiente perjuicio en el entorno de los menores que asisten a estos centros y la alteración de la convivencia de la comunidad escolar». «Asímismo, –añade– este hecho incide negativamente en el normal funcionamiento de un servicio esencial para los menores como es la educación».

La AEB asegura en declaraciones a ABC que seguirá reclamando la información. Según avanza su presidenta, Ana Losada, la entidad ha recurrido ahora a la Comisión de Garantía del Derecho al Acceso a la Información Pública (GAIP).

«Desde el inicio de este curso llevamos recabando información sobre los centros adheridos al proyecto ULAE y la Generalitat solo ha puesto obstáculos. Primero se negó a darnos el listado de centros, que tuvimos que reclamar dos veces, ahora se niega a darnos información especifica sobre cómo se está aplicando en una muestra de centros», denuncia Losada. Señala, asimismo, las dificultades que se está encontrando la Generalitat para llevar a cabo este proyecto en los centros.

«Nos consta que no está obteniendo el respaldo que preveían de los docentes por la intención evidente de invadir su libertad al comunicarse dentro y fuera del aula con otros compañeros y con sus alumnos. Los casos que han trascendido sobre encuestas realizadas a profesores y a familias evidencian ese intento de controlar de forma enfermiza los usos lingüísticos, que ya genera rechazo hacia la lengua catalana. Eso es lo que realmente están consiguiendo, rechazo. Desde luego la AEB recurrirá la negativa hasta conseguir los datos solicitados», advierte la responsable de la AEB, quien junto a José Domingo, presidente de Impulso Ciudadano, ve muy grave que precisamente la Generalitat se niegue apelando a lo «protección de los menores».

La entidad reclamó hace un mes a la Generalitat información dirigida a varios centros que participan en esta prueba piloto. Según consta en la petición, exigió conocer «las herramientas y estrategias utilizadas por los grupos impulsores para revisar el proceso de aprendizaje de la lengua catalana», «el detalle de la planificación de las actividades acordadas por estos grupos», «los resultados de los análisis efectuados sobre la realidad del centro y los elementos de mejora identificados», y una «copia de la comunicación a las familias y al Consejo Escolar de las actividades y programación a desarrollar por los alumnos den atro del proyecto ULAE», entre otras cuestiones.

Sin embargo, en su resolución la Consejería de Educación, que dirige Josep González-Cambray, sólo le informa sobre la composición de los citados grupos. «Están formados por el referente LIC (equipo de asesoramiento en lengua y cohesión social), un miembro del equipo directivo, y entre tres y cinco representantes del claustro», señala la Consejería en su respuesta.

Recuerda también que «el grupo impulsor tiene la condición de grupo de trabajo interno y, en ningún caso, puede ser considerado un órgano administrativo, por lo que las decisiones que se toman en el marco del grupo impulsor, tienen carácter estrictamente pedagógico».

El departamento anunció en noviembre de 2021 la creación de los denominados «grupos impulsores» del catalán en la educación tras mostrar los resultados de un informe que demostraba que el uso de la lengua había retrocedido en este ámbito. El consejero anunció que estos comités controladores del catalán se extenderían en cuatro años a todas las escuelas e institutos de Cataluña y subrayó su «potestad para proponer la revisión de los proyectos lingüísticos».