El Defensor del Pueblo estudiará el linchamiento a la enfermera que criticó el requisito lingüístico de catalán

La entidad, que preside José Domingo, ha indicado en su cuenta de Twitter que denunciará el caso por «acoso institucional por motivos lingüísticos en Cataluña, que coarta la libertad de expresión y genera una espiral de silencio incompatible con una democracia sana». Domingo ha confirmado a ABC que en los próximos días se presentará el escrito para que el defensor de los ciudadanos intervenga en el caso.

Tras conocer el vídeo en Tiktok, este jueves, el consejero de Salud, Manel Balcells, informó de que su departamento había abierto un expediente para tomar medidas contra la sanitaria, llegando «hasta el fondo de la cuestión». La enfermera, originaria de Cádiz, se había limitado a declarar en la red social de internet que no pensaba acreditarse con el nivel C1 de catalán («el puto C1 de catalán») para obtener un plaza de funcionaria en la sanidad de la Generalitat.

Balcells, así como otros miembros del Govern catalán, defendieron inmediatamente que «el sistema sanitario (catalán) ha de garantizar la atención en la lengua propia de Cataluña» y «en esto trabajamos cada día». En esta línea, desde la administración autonómica y sus altavoces mediáticos se ha llevado a cabo una campaña, en apenas 24 horas, en defensa de los derechos lingüísticos de los pacientes. Pero solo de los catalanoparlantes.

Como muestra un botón. Hace unos días, la Fiscalía recibió la denuncia de un paciente y usuario de la sanidad catalana señalando que «el uso del castellano es cada vez más residual en los centros sanitarios, omitiéndose progresivamente esta lengua cooficial en la rotulación, paneles informativos, carteleras, vulnerándose el artículo 3 de la Constitución». Y concreta esta vulneración en los módulos de acceso automático en los centros de atención primaria para gestionar con la tarjeta sanitaria el trámite a realizar. Solo está en catalán.

Por otro lado, Convivencia Cívica Catalana y Hablamos Español han anunciado, también este viernes, la interposición de un recurso contencioso-administrativo contra el Instituto Catalán de la Salud (ICS), en representación de 42 profesionales de la sanidad en activo en Cataluña de todas las categorías, contra la resolución de la Consejería de Salud por la que se convoca a un proceso de selección para la estabilización del personal del sector como funcionario, por los requisitos lingüísticos. Es decir, se impugnan las oposiciones porque se exige el nivel C1 de catalán, tal y como criticó la enfermera del Valle de Hebrón en Tiktok.

Según las entidades recurrentes, que actúan en nombre de los 42 profesionales de la sanidad, el proceso de exigencia lingüística «es desproporcionado y está totalmente injustificado, habiéndose adjudicado por mero automatismo». Y han añadido que «se trata de puestos de trabajo que están siendo desempeñados por trabajadores con plena satisfacción y que en muchos casos no disponen de nivel alguno de catalán». Muchos de ellos viviendo más de diez años en Cataluña.

Además, han recordado que el Tribunal Constitucional dictaminó que exigir un conocimiento de catalán desproporcionado (como puede ser el nivel C1, el cuarto de cinco niveles) en función del tipo y nivel de la función o puesto a desempeñar es «contrario al derecho a la igualdad en el acceso a la función pública». Y en este caso concreto, en opinión de las entidades recurrentes, «se está imponiendo un requisito para participar en las convocatorias que impide que cualquier ciudadano español que no haya estudiado en Cataluña y que no tenga el nivel de conocimiento de catalán exigido, desmedido para las funciones a desempeñar, pueda participar en el proceso selectivo».