Las familias por gestación subrogada se felicitan por la decisión del Supremo: «Lo que no nos ha dado el Parlamento nos lo da la Justicia»

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Érika Montañés

El efecto, en la práctica, es velar por el interés superior del menor y proteger «su derecho» a la privacidad, defiende la sentencia 1.141/2024 de la Sala de lo Civil de la que ha sido ponente el magistrado Rafael Sarazá. Los jueces infieren que sustituyendo la «mención registral» del auténtico lugar de nacimiento «por la del domicilio de los padres protegen la intimidad personal y familiar» de los niños y que «la publicidad de ese dato puede ser indicativa del carácter adoptivo de la filiación y también del proceso de gestación por subrogación». No es necesario, entienden, que al niño objeto de la sentencia todo le recuerde que nació en Ucrania cuando es español a todos sus efectos.

Tal y como explica a este periódico Ana Miramontes, la letrada de la asociación Son Nuestros Hijos que ha logrado la victoria judicial, esos niños no tendrán que ver de esta manera y el resto de sus vidas en sus DNI, pasaportes y toda su documentación personal y familiar que nacieron en otro país y ser impelidos muchas veces a dar explicaciones por ello.

La única fórmula que se había aplicado en algún caso hasta este momento, al inscribir a los bebés, era hacerlo como «nacido en un país remoto», una «laguna legal» que rechazan a todas luces los jueces del TS. Aunque no se trate de una adopción internacional, el Supremo afirma que se puede aplicar el mismo razonamiento jurídico en su mención registral y los equipara en este punto.

La abogada Miramontes estima que tras esta «satisfactoria» resolución del Supremo, «unas 5.000 a 6.000 familias» en nuestro país podrían acogerse a esta fórmula. «A partir de ahora esperamos la instrucción pertinente de la Dirección General de los Registros y del Notariado del Ministerio de Justicia para que esos niños puedan ser inscritos como nacidos aquí», insta Miramontes, que también pide salvaguardar el anonimato de la familia que ha mantenido este pulso con los tribunales mientras ésta sea su voluntad.

Por su parte, Kristina Karmona, portavoz de la asociación vasca de familias por gestación por sustitución (Gure umeen ametsak), defiende la «coherencia de las argumentaciones» esgrimidas desde el Supremo entre estas familias y las que adoptan a un niño en el extranjero. «Lo que esperamos es que los dirigentes políticos actuales y los medios de comunicación sean cuidadosos con los mensajes que lanzan» respecto a la maternidad subrogada, añade.

Miramontes abunda en que «lo que no les han dado a estas familias ni el Parlamento ni los partidos políticos se lo ha dado la Justicia», que defiende con este auto la voluntad de los padres y prioriza el interés superior de los niños antes que otras consideraciones morales o ideológicas.

Y es que la gestación por sustitución está siempre en medio de una batalla contumaz en boca de los representantes de diferentes sensibilidades y asociaciones feministas. De hecho, esta misma semana la plataforma Familias Diversas que preside Elena de León instaba al Congreso a incluir en las enmiendas a la ley de Familias que aún debe tramitarse en las Cortes una prohibición expresa de la maternidad subrogada, que no está permitida en España pero tampoco es una práctica perseguida o condenada. Cabe recordar que los padres españoles sí pueden realizar gestación por sustitución en otro país donde esta práctica sea legal y siempre que respeten las leyes de ese otro estado.

En contra, las entidades de mujeres que pertenecen a la Red Estatal contra el Alquiler de Vientres (Recav) no ocultaron ayer su desagrado tras conocer el fallo del Supremo. En conversación con ABC, desde la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres tildaban de «tragedia» que los magistrados del Alto Tribunal «no ponderen los derechos de las mujeres en sus apreciaciones»: «Cuando la Justicia antepone criterios ideológicos a un hecho constatable se abre la puerta a la desconfianza, el engaño y el ficcionado documental. Este es un paso más en las estrategias de los lobbies que usan los litigios para consolidar prácticas contrarias a las leyes –considera la entidad–. Está ocurriendo, curiosamente, con dos prácticas que mercantilizan el cuerpo de las mujeres: la prostitución y el alquiler de vientres», los dos caballos de batalla del feminismo clásico.

Por ello, desde la plataforma piden a «PSOE, PP, Podemos y Sumar, que han calificado el alquiler de vientres como una forma de violencia contra las mujeres, que legislen para que su ejecución tenga consecuencias para quienes explotan a mujeres en el extranjero».